Tras la vista celebrada en Luxemburgo el pasado día 25 de febrero para conocer las posturas de todas las partes respecto a los créditos hipotecarios comercializados bajo el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), los afectados por este índice tendrán que seguir esperando a la decisión del TJUE hasta después del verano. No obstante, el 24 de junio el Abogado General del TJUE nos dará un aperitivo de lo que se prevé será un gran festín. Sólo falta por determinar quién se comerá a quién.

Si atendemos a la posición del Tribunal Supremo las entidades bancarias quedarán impunes tras años de haberse cebado a costa del consumidor. Recordemos que nuestro Alto Tribunal declaró en 2017 este índice como legal.

Si, por el contrario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se inclina por la posición de la Comisión Europea, los afectados podrán recuperar los millones de Euros que se han pagado de más (como sobrecoste a sus préstamos) como consecuencia de la aplicación de este índice opaco y abusivo. Una media que se movería entre 18.000 y 22.000 euros por préstamo.

La Banca, se ha apresurado a argumentar, como ya hiciera en otra ocasiones (como en el caso de las cláusulas suelo o el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) que “Dar la razón a los afectados supondría un enorme trastorno económico y las consecuencias serían muy graves”.

Pero, ¿no sería más grave hacer creer a los bancos que pueden seguir estrangulando la información que dan al consumidor y manipulando al ciudadano mientras enarbolan la bandera del miedo?

Una vez más, las entidades bancarias aseguran que se informó al cliente debidamente, que se le dio toda la información y que se actuó con total transparencia. “Imaginamos que la misma transparencia que rigió sus actuaciones” cuando comercializaron las hipotecas multidivisa, las Preferentes o cuando incluyeron cláusulas suelo en sus escrituras de préstamo.

A la espera de recibir noticias desde Luxemburgo, son ya mayoría los juzgados de diferentes provincias de España que han suspendido la tramitación de los procesos relativos al IRPH hasta que el TJUE se pronuncie sobre cuál debe ser la doctrina a seguir.

Se le acumula el trabajo al Alto Tribunal Europeo, que también tiene pendiente pronunciarse sobre otro tema que afecta a muchos hipotecados: el vencimiento anticipado.