Madrid, 27 feb (EFE).- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha reclamado que la Audiencia Nacional asuma la lucha contra el narcotráfico en el litoral andaluz "para evitar que se quiebre el Estado de derecho" en esta zona.

Esta organización propone una batería de medidas tras la muerte de dos guardias civiles arrollados el pasado día 9 por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).

"Tras la terrible muerte de dos agentes en Barbate y analizando el mal endémico que los delitos de narcotráfico suponen no solo para los juzgados del Campo de Gibraltar sino también para todos los del litoral andaluz entendemos que es el momento de tomar medidas ya", destaca el portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, en un comunicado.

Oliva añade que por este motivo la AJFV ha elaborado un informe en el que "se establece una batería de medidas para evitar que se quiebre el Estado de derecho en determinadas zonas de España".

Se trata del 'Informe Barbate: la situación de los juzgados en Andalucía Occidental', elaborado por un grupo de expertos de la AJFV ante el aumento de la criminalidad en dicha zona.

La AJFV pide superar la estructura judicial que creó la Audiencia Nacional hace 47 años para que no sean juzgados mixtos, con competencias en civil, penal y familia, los que tengan que investigar estos delitos y se vean sobrepasados ante la falta de recursos y el exceso de competencias.

"Nos encontramos ante verdaderas estructuras criminales y no ante una situación común y los delitos son cometidos por varias personas a la vez en una provincia", expone el informe.

Entre las modificaciones legales que propone la AJFV figuran la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr una mayor agilidad en la fase de instrucción de todos los delitos sin pérdida de garantías de derechos y el aumento de recursos y materiales en la lucha contra estas redes.

Además defiende la ampliación del complemento por especiales circunstancias del destino que ya perciben los jueces que trabajan en País Vasco, Ceuta y Melilla, entre otros, o en su defecto el establecimiento de uno por penosidad o peligrosidad.

"Lo que está en riesgo no solo es la existencia de zonas de impunidad sino también el prestigio de nuestro país y la imagen que trasladamos al exterior", concluye el portavoz de la AJFV.