La Abogacía reclama una nueva Ley de Asistencia Jurídica y Defensa Universal que contemple el pago homogéneo en todas las comunidades de todas las actuaciones realizadas por los abogados del turno de oficio por designación colegial o requerimiento judicial.

En las VIII Jornadas de Justicia Gratuita, celebradas ayer y hoy en Valladolid, se han sentado las bases para la futura norma que sustituirá a la actual de 1996 y cuyo contenido ya está negociando la Abogacía con el Gobierno para mejorar las condiciones en las que se presta este servicio esencial.

En las conclusiones se señala que la nueva norma “debe respetar el modelo actual de asistencia jurídica gratuita y tener en cuenta principalmente a la Abogacía que gestiona y presta el servicio”. Y destaca la necesidad de “homogeneizar para todo el territorio nacional un elenco mínimo de las actuaciones procesales y extraprocesales en las que intervienen los profesionales de la abogacía en materia de justicia gratuita que son susceptibles de contraprestación económica”.

Además se reclama que se fijen “criterios suficientes, sostenibles y equilibrados, sobre la financiación de este servicio público, de tal forma que cuenten con cobertura presupuestaria los costes del mismo”.

Y en ese sentido se pide que se introduzca “el criterio de pago universal al profesional de la abogacía por el cual se garantizaría la contraprestación en todas las actuaciones realizadas por designación colegial -a través del turno de oficio- o por requerimiento judicial, y ello aun cuando el justiciable no sea acreedor del derecho a la justicia gratuita, o le sea denegado -y éste no haya abonado los honorarios del profesional-“.

La cuestión del incremento de los baremos se recoge también, ya que se pide que se introduzcan criterios “para la actualización de las compensaciones y pagos que al menos contemplen las modificaciones del IPC anual”.

	De izda. a dcha.: Javier Manuel Martín García, decano del Colegio de la Abogacía de Valladolid, secretario general del Consejo General de la Abogacía Española y miembro de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social; Julio Sanz Orejudo, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y Antonio Morán Durán, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de la Abogacía.

 

Asimismo, se reclama que se amplíen los servicios de asesoramiento jurídico inicial y gratuito a determinados sectores, como a las mujeres ante cualquier supuesto de violencia, a presos, inmigrantes y supuestos de protección internacional.

Estas conclusiones han sido elaboradas tras dos días de intensos debates, en los que han participado 200 profesionales de la abogacía y en los que se han abordado en detalle las cuestiones fundamentales de la asistencia jurídica gratuita como los requisitos, competencias y procedimientos para el reconocimiento de este derecho, los servicios de asistencia letrada, las subvenciones y el papel del abogado y procurador en los servicios del Turno de Oficio.

En la inauguración, Sofía Puente Santiago, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, confirmó que el Ministerio se ha comprometido a redactar este año una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. “Tenemos las fichas preparadas y en breve empezaremos el trámite de información pública para esta norma. Tendremos muy en cuenta las conclusiones de estas jornadas a la hora de elaborar una ley que necesariamente tenemos que hacer entre todos”, afirmó Puente.

Además de los debates entre los profesionales de la abogacía, con numerosas ponencias, el jueves por la tarde tuvo lugar una mesa redonda con representantes de las asociaciones profesionales para recoger sus propuestas, con la participación de  Juan Sebastián Morales, vocal de CEAJ,  Amparo Martínez Marián, presidenta de DEFENDA, Belén García, secretaria general del sindicato VENIA, África Calleja, vicepresidenta de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno y Gorka Vellé, secretario de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados.

	De izq. a der.: Mercè Perea, presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo y vocal del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Justicia; Javier Martín, secretario general del Consejo; Fernando de Rosa, vicepresidente segundo de la Comisión de Justicia, Grupo Parlamentario Popular; y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Comisiones de Justicia e Interior.

Y el viernes tuvo lugar un debate con responsables de Justicia en el Congreso de los Diputados (Mercè Perea, del PSOE, Fernando de Rosa Torner, del PP y Javier Ortega Smith, de Vox) que coincidieron en la necesidad de aprobar cuanto antes una nueva ley y se comprometieron a trabajar para alcanzar un consenso.

De Rosa aseguró que ha de ser una norma “adaptada a los tiempos actuales y que reconozca los derechos de los profesionales; la ley de 1996 no admite más parcheos”. Perea detalló que la norma “tendrá que mejorar las disfunciones en los requisitos requeridos para la condición de este derecho, dar respuesta a los colectivos vulnerables,  mejorar las condiciones en las que abogados y abogadas prestan el servicio, adecuar las nuevas actuaciones y estudiar que la remuneración sea eficaz y conveniente”. Y Ortega Smith pidió que recoja “unos baremos dignos  con retribución digna y que garantice que el que trabaja en un servicio público tiene una retribución digna, garantizada por el Estado”.

También hubo el viernes una mesa redonda sobre la financiación de la asistencia jurídica gratuita. Marisol Cuevas, directora de servicios a la ciudadanía del Colegio de Madrid, denunció los retrasos en los pagos por parte del Ministerio: “Debe establecerse un sistema para que esta subvención se pague a cuenta de cantidades adelantadas y que luego se justifique el destino de esos fondos”. Y en este sentido el decano de Gipuzkoa, Gerardo Fernando López Sánchez-Sarachaga, reclamó que en una nueva ley se establezca “una mayor participación de la Abogacía en la fase de elaboración del presupuesto”.

 

CONCLUSIONES COMPLETAS