El Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han firmado hoy un convenio de colaboración para incorporar a la Oficina de la Vivienda de Ciutat Vella el servicio directo de letrados del Colegio para atender a la ciudadanía, y a las asociaciones de vecinos y entidades que lo soliciten. Estos letrados ofrecerán información y orientación jurídica y tramitarán la documentación necesaria para acceder a la asistencia jurídica gratuita, a la que quieren acercar los usuarios de las oficinas de vivienda de la ciudad.
La firma la han formalizado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay. También han asistido a la firma del convenio la diputada de la Junta de Gobierno del ICAB responsable del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, Carmen Valenzuela, el concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner, y la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, entre otras autoridades.
La alcaldesa, Ada Colau, ha recordado hoy durante la firma de este convenio que la ciudad tiene un "grave problema estructural" que se origina en la "desregulación vivida en los últimos años sobre todo fruto de las políticas llevadas a cabo en el Estado por parte de los gobiernos del Partido Popular, que han hecho que la vivienda sea tratada como una mercancía dando una inestabilidad absoluta y una gran indefensión a los vecinos y vecinas en general y a los que viven de alquiler, en particular".
Si bien tanto el Ayuntamiento como el Colegio de la Abogacía de Barcelona están reclamando que haya una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para volver a dar estabilidad y garantías a los inquilinos, y para combatir los abusos, estas dos instituciones también están de acuerdo en que "mientras que no se produzca este cambio de regulación y legislación hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para acompañar a los vecinos y vecinas en la defensa de sus derechos", ha dicho Colau.
Las oficinas de la vivienda, implantadas en cada uno de los distritos, son un elemento clave y la vía de acceso de los ciudadanos a las prestaciones públicas y al asesoramiento sobre el derecho a la vivienda. Ada Colau ha dicho en referencia a las oficinas de vivienda, que "cuando entramos en el año 2015 nos encontramos con unas oficinas de vivienda totalmente infradotadas y por eso hemos tomado una serie de medidas para fortalecer estas oficinas, porque son la ventana prioritaria desde la que entramos en contacto con los vecinos y vecinas que quieren pedir ayuda, solicitar asesoramiento, pedir información o que quieren denunciar situaciones de abusos". Colau se ha referido, en concreto, el refuerzo del personal, que casi se ha doblado, (ahora hay 58 personas trabajando en las oficinas), y a la internalización de todo el personal para mejorar derechos laborales y posibilitar un mejor servicio. También ha mencionado el volumen de atención de estos servicios: más de 270.000 personas durante el año 2017. Y ha concretado el refuerzo específico que se ha hecho en el campo del asesoramiento jurídico "porque era una gran demanda de los vecinos y también de las entidades", ha detallado Colau.
El convenio firmado hoy con el Colegio de la Abogacía de Barcelona supone un paso más en esta línea. El ICAB asume la gestión de un servicio que complementa los que ya se ofrecen en la oficina, y que desarrollará desde las instalaciones de la OH de Ciutat Vella, acercando así sus recursos a la ciudadanía.
El compromiso que se desprende del convenio formalizado hoy es que letrados especializados en la materia realizarán atención directa en la oficina -situada en la plaza Salvador Seguí, 13- diferentes días de la semana, dos mañanas (lunes y miércoles de 10 a 14h) y una tarde (jueves de 15 a 19h). Ofrecerán, por tanto, la posibilidad de acceder de esta manera a la justicia gratuita.
Durante el acto, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, ha afirmado que "este convenio representa un firme compromiso de acercar a las personas más vulnerables un servicio rápido y eficaz de orientación jurídica en materia de vivienda. Derecho básico y digno para toda la ciudadanía que permitirá la tramitación de asistencia jurídica gratuita" y ha remarcado el compromiso de esta institución en "la defensa del derecho de defensa". Gay ha recordado que a menudo la ciudadanía desconoce la ley y hasta donde llegan sus derechos, y esto los hace vulnerables. También ha insistido en la necesidad de este convenio de colaboración ya que "últimamente se han detectado prácticas ilegales y abusos, y hay situaciones dramáticas que han llegado a nuestros despachos".
A través del convenio, el ICAB adquiere el compromiso de colaborar con la oficina en la detección de dinámicas nuevas que se producen en el terreno del derecho a una vivienda digna, derecho constitucional y estatutario. Así pues, se prestará especial atención a situaciones como las prácticas especulativas, las ilegalidades, el acoso pasivo, la dejadez de los propietarios con sus viviendas, el acoso activo por agresión, la subida desmesurada de los precios del alquiler, la compra de edificios por parte de grandes inversores para rehabilitar y que culminan con la expulsión o el desplazamiento de la población, entre otros. El objetivo es estar atentos a estas problemáticas de mobbing activo y pasivo, y poder orientar jurídicamente tanto a la ciudadanía como a las entidades y asociaciones, para afrontarlas desde los distritos.
Este convenio es fruto del compromiso con el derecho a la vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, y también de la demanda de varios colectivos de vecinos y vecinas que atienden casos de vulneración del derecho a la vivienda y que habían pedido al Ayuntamiento poder contar con un refuerzo y un asesoramiento a su labor. El convenio, por lo tanto, quiere profundizar en la colaboración con aquellas entidades comprometidas con la defensa de los derechos fundamentales.
Se trata de la primera experiencia de estas características que se pone en marcha en la ciudad, y nace como una prueba piloto en el distrito de Ciutat Vella, con la perspectiva de que si tiene buena acogida y buenos resultados se pueda implementar en todas las oficinas de vivienda que el Ayuntamiento tiene abiertas a cada uno de los distritos de la ciudad.
Ciutat Vella ha sido el distrito elegido para implantar la prueba piloto porque "es uno de los lugares con más presión especulativa, donde se compran edificios enteros por parte de grandes inversores, donde nos hemos encontrado ya muchos casos de malas prácticas, y donde hay una gran demanda de asesoramiento jurídico, y hay muchos colectivos vulnerables, ya sea por edad o por nivel de renta", ha remarcado la alcaldesa.
Una medida más en el contexto de las políticas públicas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona
La alcaldesa ha querido remarcar también que "esta iniciativa no es un hecho aislado sino que se complementa con una serie de otras iniciativas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda". Colau ha recordado que las políticas de vivienda son estratégicas porque las situaciones relacionadas con la vivienda se han convertido en "factores de vulnerabilidad y de expulsión de vecinos y vecinas, se producen abusos con las subidas de precios desmesuradas", según Colau. La alcaldesa ha recordado, en este sentido, la movilización de 72 solares públicos para construir 4.644 viviendas nuevas en este mandato, y que en los próximos 6 años se prevé incrementar un 50% las viviendas públicas de alquiler.
"Todo esto lo estamos haciendo con un esfuerzo de financiación muy importante, alrededor de 500 millones de euros destinados a la construcción de vivienda y con una financiación el 95% del Ayuntamiento de Barcelona."
En el campo de la emergencia, Colau se ha referido a la creación de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) que ha acompañado a lo largo de 2017 más de 2.300 familias con riesgo de pérdida de su vivienda habitual para evitar que estas familias quedaran desamparadas y en la calle.
Colau ha recordado también que en julio se iniciaron los 4 primeros expedientes administrativos contra acoso inmobiliario en toda Cataluña, aplicando la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007.
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