Liliya Mikolayiv, de 34 años, llegó hace dos décadas a España. Es abogada especialista en inmigración y extranjería para ucranianos en España y presidenta de la asociación Con Ucrania. Está asesorando de manera gratuita a todas las personas que contactan con el despacho. La mayoría de las consultas son relativas a población atrapada en ciudades asediadas. Y por eso pide a la administración española que facilite los trámites, normalmente largos y complejos, para solicitar el asilo y que suprima el requisito de cita previa para estas solicitudes en las oficinas de extranjería.
¿Qué opina de la decisión de la UE y del Gobierno español para conceder la protección temporal a los ucranianos?
El Gobierno español nos está recibiendo con las manos abiertas. Los refugiados ucranianos llevan solicitando ayuda internacional y asilo desde hace ocho años. Ahora mismo, solo por el hecho de proceder de ese territorio ya son merecedores de una protección internacional por parte de todos los países de la Unión Europea. Ya nos han adelantado que el Ejecutivo español simplificará y flexibilizará el procedimiento para los solicitantes de asilo ucranianos porque sus circunstancias difieren mucho de cualquier otro país. Esto supondría una protección más inmediata.
¿Qué tipo de consultas está recibiendo?
Mi despacho ha dejado de trabajar en otros asuntos. Nos hemos centrado en dar consulta y atender a todas las personas que se han quedado atrapadas, a las que nos consultan desde las fronteras, otras que tienen hijos allí o que habían solicitado la reagrupación familiar. También tenemos clientes que estaban de vacaciones allí y están sufriendo unos ataques terribles. Otros habían viajado para traer a mujeres e hijos y se encontraron con la agresión intentando cruzar la frontera.
Asesoramos sobre cómo desplazarse por el territorio ucraniano o qué hacer con los menores que se quedan en la frontera, cuyo padre está en la guerra o la madre fallece por el camino. También están los casos de los niños que se quedan con los abuelos en España. Esto hay que formalizarlo jurídicamente. Los niños tienen que tener una tarjeta sanitaria, estar empadronados, escolarizarse.
¿Cuáles son las principales dificultades para ayudarles?
Las personas están huyendo en situaciones de extrema urgencia. Hay familias sin ningún tipo de documentación. Para identificar a una persona ahora mismo con datos biométricos no debería haber problema. Porque hay una población muy vulnerable que va a necesitar no solo protección oficial, sino acreditar el parentesco sin pasaporte. Cuando uno huye porque bombardean su casa no piensa en coger un pasaporte. Son retos que se van a plantear a la Fiscalía española. Se tendrá que regular y facilitar ese proceso. Y también está la barrera del idioma, y el problema burocrático de petición de primera cita, que se puede magnificar con la llegada masiva de personas. Por eso debería suprimirse este requisito para todas estas personas.
¿Qué pasará con las familias españolas que estaban a punto de viajar porque tenían pendiente un vientre de alquiler o pendientes de un proceso de adopción o acogida?
Las embajadas han cerrado, no tienen representación. Hay que entender que si un bebé ha sido reconocido por padres españoles, debe ser español a todos los efectos. Pero si el procedimiento no está completado, por la razón que sea, y no se puede acreditar ese proceso, se va a tratar como cualquier otro ciudadano ucraniano. Sin embargo, las mujeres y niños no tienen problema para salir de Ucrania, excepto el problema físico de llegar a la frontera. Incluso aunque no tengan documento, porque lo prioritario en este caso es preservar la vida.
¿Cómo lo vive de forma personal por sus familiares que están en Ucrania?
Nuestros familiares están sanos, pero preocupados, no están a salvo. Eso sí, tanto ellos como nosotros tenemos la esperanza de que vamos a ganar a ese enorme país vecino que nos está atacando. No nos concentramos ni siquiera para preguntarnos qué tal estamos. Estamos volcados en poder gestionar esta crisis de la forma más rápida y eficaz posible.
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