El caso se remonta a 2016 cuando el Ejecutivo comunitario concluyó que la multinacional se había beneficiado de un trato fiscal selectivo entre 1991 y 2014 que permitió a la firma estadounidense pagar sustancialmente menos impuestos de los que debería, por lo que obligó a Dublín a recuperar la recaudación perdida.
En concreto, las autoridades comunitarias consideraron que la exclusión de la base imponible de los beneficios derivados del uso de licencias de propiedad intelectual de dos sociedades del grupo estadounidense constituía una ayuda de Estado incompatible con las normas europeas.
Tanto Apple como Irlanda recurrieron esta decisión ante la Justicia europea, que en una primera sentencia en 2020 dictaminó que Bruselas no había demostrado la existencia de una ventaja fiscal selectiva concedida a Apple Sales International (ASI) ni a Apple Operations Europe (AOP).
La Comisión Europea recurrió este fallo y hoy se han conocido las conclusiones alcanzadas por el abogado Pitruzzella sobre el caso, quien propone que se anule y se vuelva a revisar el caso.
El letrado argumenta que la sentencia de 2020 "incurrió en una serie de errores de Derecho al declarar que la Comisión no había demostrado de manera suficiente que las licencias de propiedad intelectual de las que son titulares ASI y AOE y los beneficios correspondientes, generados por las ventas de los productos Apple fuera de Estados Unidos, debían atribuirse a efectos fiscales a las sucursales irlandesas".
El fallo, a su juicio, tampoco apreció correctamente la existencia y las consecuencias de ciertos errores metodológicos que, según la decisión de la Comisión, viciaban las decisiones fiscales anticipadas.
Por estas razones, el abogado general considera que el Tribunal con sede en Luxembrugo debe realizar "una nueva apreciación del asunto". Las conclusiones de los abogados generales del TJUE no son vinculantes de cara a las sentencias que llegan unos meses después, pero se suelen seguir en la mayoría de los casos.
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