El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la Orden de 3 de noviembre, aprobando los módulos y bases de compensación económica para los servicios de asistencia jurídica gratuita ofrecidos en el turno de oficio por profesionales de la abogacía y procuraduría.
El presente baremo, fruto de las intensas negociaciones mantenidas por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados con la Consejería de Justicia, incorpora una subida media del 16% en las compensaciones económicas, contempla procedimientos hasta ahora no incluidos, como las actuaciones realizadas a requerimiento judicial, la mediación o la representación a personas jurídicas y prevé la revisión periódica de la norma.
De este modo, la nueva orden sustituirá a la regulación actual, de 2018, en la que los profesionales recuperaron las cuantías que percibían antes de 2012, cuando éstas fueron rebajadas. Por tanto, en la práctica, son retribuciones que no habían sido incrementadas desde 2009, si bien, en enero de este año, la Consejería de Justicia ya aplicó una subida lineal del 4% en todos los módulos, mientras se tramitaba la nueva orden.
Salvador González, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo y decano de la Abogacía de Málaga, señala que “este es un aumento muy importante en el que hemos estado trabajando mucho tiempo para volver a dignificar a los abogados del Turno de Oficio”. También indica que, “aunque nos sentimos muy felices y orgullosos de poder ver esta compensación, vamos a seguir trabajando para recibir mejoras con carácter anual”.
Nuevos procedimientos
Entre las novedades más destacadas se encuentra la compensación a abogados por trabajo a requerimiento judicial, incluso si la persona no cumple con los requisitos para la asistencia jurídica gratuita. También se hace referencia a la representación y defensa de personas jurídicas, así como la asistencia en los actos de conciliación previa preceptivos en el orden Social; y la labor de los profesionales en los recursos en la Jurisdicción militar. Asimismo, incluye la asistencia en procesos civiles y mercantiles de mediación, siendo Andalucía la única comunidad autónoma en ofrecer esta compensación, fijada en 400 euros.
Por primera vez, se abonarán diligencias preliminares, la reconvención que será abonada con 65 € y la ejecución de sentencia en familia, dentro de los dos años siguientes a la sentencia, con 150 € por la ejecución principal y 75 € por cada incidente de ejecución, con un máximo de cinco.
Mejoras en las retribuciones
A nivel cuantitativo, con la subida prevista, por ejemplo, en Civil, un procedimiento de familia, como puede ser un divorcio, se abonaba a 331 euros y ahora se hará a 360 euros. La asistencia en casos de medidas provisionales por los que los letrados recibían 89 euros y ahora percibirán 110 euros. En la Jurisdicción Penal, los abogados de oficio en un juicio abreviado percibirán 325 euros frente a los 280 euros de antes, y en los juicios rápidos cobrarán entre 260 y 325 euros, según las actuaciones, frente a los 224 de mínimo y los 280 de máximo que recibían. Uno de los principales incrementos se produce en los procedimientos con jurado, que pasan a abonarse a 750 euros frente a los 630 actuales. Cabe destacar la subida del informe de no viabilidad de la pretensión a 100 euros, cuando antes se pagaba a 50 euros.
Estas mejoras en las retribuciones del turno de oficio se suman a la nueva Orden reguladora de las guardias que realizan los abogados, que entró en vigor este año y que incrementó entre un 20 y un 60% las cuantías que perciben los letrados por este servicio. Además, la Consejería de Justicia aumentó el número de guardias autorizadas a los colegios en 2023 con la incorporación de 7.300 guardias más para el turno especializado de violencia de género.
La Abogacía andaluza valora las mejoras introducidas en la norma, pero recuerda que aún queda mucho camino para lograr unas condiciones dignas en la prestación de este servicio esencial, por lo que se seguirá trabajando de forma continua, como hasta ahora, de cara a aplicar nuevas mejoras con carácter anual que acerquen las condiciones de los abogados de oficio a las que realmente merecen por el servicio esencial que prestan a la sociedad.
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