Madrid, 14 nov (EFE).- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de miembros de la carrera, asume la "plena legitimidad democrática" de los parlamentarios para aprobar la ley de amnistía, pero considera que el texto vulnera los principios constitucionales de igualdad y exclusividad de la jurisdicción.

"La finalidad real de la amnistía es, por una parte, liberar de responsabilidad a las personas relacionadas con el movimiento independentista que cometieron delitos; y, por otra parte, asegurar un acuerdo político de investidura y/o legislatura. Estas finalidades no justifican la desigualdad creada con la amnistía", alerta en un comunicado emitido este martes, después de que el grupo socialista registrara en el Congreso la proposición.

La AJFV deja claro que los jueces aplicarán la ley como dispongan las Cortes y solo dejarán de hacerlo si es declarada inconstitucional o disconforme con el europeo, pero avanza sus críticas a un texto que, afirma, choca con la Constitución.

La iniciativa, explica, "trata de manera desigual a aquellas personas que cometieron determinados delitos entre 2012 y 2023 con respecto a aquellas otras que, pese a haber cometido los mismos delitos en el mismo periodo, lo hicieron de manera relacionada con el independentismo catalán; estas últimas se verán beneficiadas y las primeras no".

Según apuntan estos jueces, para que esta desigualdad sea admisible, el fin debe ser constitucionalmente legítimo y proporcionado, pero España no se encuentra en un cambio de régimen como en la amnistía de 1977, no hay amplio consenso social y las leyes que se quieren eludir no son ilegítimas o injustas.

A su entender, los objetivos esgrimidos en la iniciativa -asegurar la convivencia democrática, superar la tensión social y política, etc) no son reales o no tienen entidad suficiente para justificar la amnistía.

Además de vulnerar el principio de igualdad, considera que al derogar los efectos de resoluciones judiciales se afecta también al principio de exclusividad de la jurisdicción, que constitucionalmente corresponde solamente a jueces y magistrados.