Rossi García

Barcelona, 6 mar (EFE).- La ley de amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y Junts cubre "a todas las personas vinculadas al procés", según han anunciado los tres partidos, lo que abarca desde el expresident Carles Puigdemont, a quien el Supremo quiere investigar ahora por terrorismo, a implicados en los disturbios posteriores a la sentencia.

Son cerca de un centenar los encausados que podrían beneficiarse de la ley de amnistía, que prevé el borrado de los delitos cometidos durante más de una década de proceso independentista catalán, en concreto entre el 1 de noviembre de 2011.

Puigdemont y los huidos

Los últimos movimientos judiciales en las causas en que está envuelto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont han mantenido en vilo las negociaciones para sacar adelante la ley, ante el temor de Junts por que la amnistía no blindara al líder de la formación en sus frentes penales.

Además de la causa del 'procés', en la que Puigdemont está acusado de un delito de malversación castigado con hasta 12 años de prisión, el Supremo decidió la semana pasada investigarlo por terrorismo por su papel al frente de la plataforma anónima Tsunami Democràtic que en 2019 organizó las protestas contra la sentencia del 'procés'.

En paralelo, el escenario judicial se ha complicado para el expresidente catalán con las indagaciones del caso Volhov por los contactos con Rusia en busca de apoyos para el 'procés': el juez Joaquín Aguirre ha prorrogado la investigación, con Puigdemont en el punto de mira, ante unos indicios que abrirían la puerta a imputarle un delito de alta traición.

Junto a Puigdemont, por los altercados en las protestas de Tsunami la Audiencia Nacional investiga a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a Suiza, en una causa que salió a la luz cuando la dirigente republicana ya no tenía cuentas pendientes con el Supremo, gracias a las reformas penales que abolieron el delito de sedición.

Sí siguen imputados por malversación agravada y desobediencia en la organización del 'procés' los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, ambos huidos de la justicia española y con una orden de detención nacional en vigor.

También está procesada la exconsellera Clara Ponsatí, aunque en su caso por un delito de desobediencia que no acarrea penas de cárcel, después de que el Supremo le eliminara el de sedición a raíz de la reforma del Código Penal.

Junqueras y los condenados por el 'procés'

La amnistía puede levantar las penas de inhabilitación que aún pesan sobre el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la exconsellera Dolors Bassa -hasta 2031-, así como sobre los exconsellers Raül Romeva y Jordi Turull -hasta 2030-, por los delitos de desobediencia y malversación que les quedaron pendientes tras las reformas del Código Penal.

El resto de condenados por el Supremo y luego indultados -Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, con condenas por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull- no tienen penas de inhabilitación pendientes.

Terrorismo en Tsunami Democràtic

Tras varios años de investigaciones, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reactivado la causa por terrorismo que abrió a raíz de las masivas movilizaciones convocadas por Tsunami Democràtic, en octubre de 2019, contra la sentencia del procés.

Además de Puigdemont y Marta Rovira, el juez implica en la organización de las protestas al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg -a quien pretende investigar el Supremo aunque ahora vive en Suiza-, así como a Josep Lluís Alay, asesor de Puigdemont, el consejero de Omnium Oleguer Serra o los empresarios Marta Molina y Josep Campmajó, entre otros activistas del independentismo.

Otra causa por terrorismo: los CDR

Pendiente de juicio están los doce procesados en la causa de los CDR, acusados de delitos de pertenencia a organización terrorista -ocho de ellos también por tenencia y fabricación de explosivos y estragos-, por lo que la Fiscalía les pide penas de entre ocho y 27 años de cárcel.

Fueron detenidos en 2019 en el marco de la Operación Judas y se les acusa de pertenecer a una facción radicalizada de los Comités de Defensa de la República (CDR) que planeó supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019.

La organización del 1-O

El próximo 10 de abril está previsto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) inicie el juicio contra el diputado de ERC Josep Maria Jové, uno de los dirigentes con más peso en el partido, el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por la organización del 1-0.

Está por ver si la ley de amnistía llegará tiempo para evitar que comience el juicio contra esos tres cargos de ERC, acusados de delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. De hecho, el TSJC ha rechazado ya una petición de suspensión planteada por sus defensas.

También por la logística del referéndum están procesados una treintena de empresarios y cargos del Govern, algunos de los cuales -en su mayoría de ERC- se exponen a penas de cárcel, una causa todavía lejos de llegar a juicio.

Otros encausados por el procés son los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, entre ellos la consellera de Feminismos, Tània Verge, y el exdiputado de Junts Josep Pagès. Fueron absueltos, pero se ha ordenado la repetición del juicio.

Los gastos del 'procés', en el Tribunal de Cuentas

Fuera del ámbito penal, una de las derivadas del 'procés' se sigue en el Tribunal de Cuentas, que tiene un procedimiento abierto contra 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, por los gastos derivados del 1-O y de su promoción exterior, por lo que se les exige en total hasta 5,3 millones de euros.

El procedimiento implica también al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a varios exconsellers, como Toni Comín y Clara Ponsatí, y a numerosos ex altos cargos procesados en otras causas judiciales del procés.

Las defensas pidieron suspender la tramitación del expediente, esgrimiendo precisamente la inminente aprobación de la ley de amnistía, pero el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, lo descartó en enero pasado.

Las cargas contra el referéndum

La amnistía permitirá zanjar las causas abiertas a la mayoría de policías nacionales y guardias civiles investigados por las cargas del 1-O: el límite está en los delitos de torturas o trato inhumano y degradante, que quedan fuera de la ley.

En Barcelona, 45 policías están imputados por su actuación "desproporcionada" para evitar el referéndum, sin que aún se hayan delimitado los delitos que se les atribuyen. El mismo juzgado tiene procesado al activista y excandidato de Junts al Senado Roger Español -quien perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma-, acusado de lanzar una valla contra la línea policial.

Los disturbios postsentencia

Son decenas los manifestantes independentistas encausados en Cataluña por los disturbios en las protestas tras la sentencia del procés, en algunos casos ya con condenas que implican su ingreso en prisión.

Entre los que pueden librarse de prisión por la ley de amnistía figura Dani Gallardo, el joven gaditano que se convirtió en el primer condenado a prisión por atacar a un policía en una protesta en Madrid contra la sentencia del 1-O y a quien la Audiencia de Madrid ha puesto en búsqueda y captura para que cumpla los cuatro años impuestos.

En los límites del 'procés'

En los límites del 'procés' se sitúa además la causa contra el exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por fichar de asesor a un sargento de los Mossos para que siguiera escoltando a Puigdemont tras su huida de España.

Y la de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión por pagar con fondos públicos un viaje de 2018 como observador del referéndum de Nueva Caledonia. En el caso Volhov, figura entre los principales implicados por los supuestos contactos con Rusia para el procés.