Barcelona, 2 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con una multa de 420.000 euros al propietario de un edificio que alquilaba continuadamente de forma ilegal casi todas las viviendas de su inmueble, ubicado en el distrito de Ciutat Vella, como pisos turísticos.

El teniente de alcalde de Seguridad y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha detallado en una atención a medios que la sanción ha podido imponerse gracias "a un largo proceso de investigación por parte de la Guardia Urbana y de los servicios de inspección del distrito".

"Se le ha impuesto una sanción bastante ejemplar a este propietario", ha manifestado Batlle, puesto que el dueño alquilaba todos los pisos del edificio como alojamiento turístico salvo uno, donde vivía una inquilina de renta antigua que gestionaba la entrada y salida de los turistas y se encargaba de la recogida de llaves.

La sanción de 420.000 euros ha llegado después de una dilatada investigación y seguimiento, que ha permitido constatar que la propiedad ha ido evitando expedientes y sanciones bajo la alegación de que alquilaba los pisos de manera legal, y que luego sus inquilinos le engañaban y usaban el piso para alquilarlo a turistas.

"Tenía muy bien preparado el sistema", ha indicado Batlle, que ha añadido que el sancionado siempre encontraba alguna "escapatoria" para justificarse y evitar la sanción.

El edificio se sitúa en el número 24 de la calle Ample de Barcelona, donde el propietario alquilaba hasta 14 de los pisos de esta finca, que se anunciaban como alojamientos turísticos a través de páginas como 'Booking' o 'Airbnb', pese a no tener ningún tipo de autorización para llevar a cabo esta actividad.

Los pisos iban activándose y desactivándose de las plataformas con nombres, fotos y anfitriones diferentes para sortear una inspección.

La actividad ha sido considerada como una sanción muy grave que ha dado lugar a una multa de 420.000 euros, cuantía calculada a partir del beneficio estimado obtenido de su actuación ilegal junto con otras circunstancias agravantes reguladas por la ley del turismo de Cataluña.

Además, el Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto enviar a la Agencia Tributaria toda la información contenida en el expediente para que la propiedad responda ante Hacienda si fuera necesario.