• “Restringir la compra de una propiedad en España podría tener recorrido siempre y cuando se circunscriba a ciudadanos no comunitarios”, opina Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho AF Legis, asegurando que “tratar de extenderlo a nacionalidades de países pertenecientes a la UE sería como chocar contra un muro”. 
• No obstante, la letrada argumenta “esta prohibición no va a solucionar los problemas que tenemos en el mercado inmobiliario”, añadiendo que “lo que deben procurar los poderes públicos es que todas las personas tengan una vivienda digna y, para ello, deben aplicar medidas reales y efectivas, no prohibiciones”.

El poder de atracción que ejerce nuestro país es tan fuerte que muchos extranjeros acaban por comprar una casa en España para venir de vacaciones cada año, e incluso, establecerse definitivamente. El Colegio de Registradores confirma que los foráneos abarcaron el 14,21% de las compras de vivienda sobre el total en el primer trimestre de 2024. Su creciente peso es interpretado por muchas voces como un obstáculo para la accesibilidad de los propios nacionales, sobre todo, en ciertas áreas de la costa peninsular y en los territorios insulares. Por este motivo, se está empezando a plantear la posibilidad de vetar la adquisición de vivienda a los no residentes.

“Restringir la compra de una propiedad en España podría tener recorrido siempre y cuando se circunscriba a ciudadanos no comunitarios”, opina Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho AF Legis, asegurando que “tratar de extenderlo a nacionalidades de países pertenecientes a la UE sería como chocar contra un muro”. Al margen de esta importante distinción, la letrada estima que “cualquier norma limitante exige de una fundamentación muy clara y contundente para que no sea considerada inconstitucional”.

Pero más allá de vacilar sobre que una medida así prospere, la experta duda de su validez: “Esta prohibición no va a solucionar los problemas que tenemos en el mercado inmobiliario”, declara Goenaga, añadiendo que “lo que deben procurar los poderes públicos es que todas las personas tengan una vivienda digna y, para ello, deben aplicar medidas reales y efectivas, no prohibiciones”.

Situaciones especiales

En el archipiélago balear, donde los extranjeros concentraron el 31,72% de las compraventas totales en el primer trimestre, ya hubo un intento por imponer límites, pero fue tumbado por el Ejecutivo Central.  “Esta medida no beneficia a nadie”, subraya la abogada, resaltando que “España es un país muy turístico en el que muchos extranjeros buscan una segunda residencia”. De hecho, tal y como apunta la Organización Mundial del Turismo, nuestro país es el segundo destino del mundo que más turistas internacionales recibe.

La propuesta de Canarias, donde el peso de los foráneos fue del 26,01% en el mismo periodo, cuenta con el argumento a su favor de ser una región ultraperiférica de la Unión Europea (RUP). Además, está la cuestión de la superpoblación: creció de 1,8 millones de habitantes en 2003 a 2,2 en 2023, lo que supone un incremento demográfico de cerca del 24% en dos décadas. Sin embargo, “al tratar de reducir la especulación poniéndoselo difícil a los no residentes, no se piensa en que el producto residencial que se está liberando quizá no se ajuste al presupuesto o a los criterios de ubicación de los residentes”, comenta Goenaga.