Madrid, 24 ene (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha detectado que hasta ocho agencias españolas distintas han hecho "promoción comercial de la gestación por sustitución", una actividad prohibida por ley, y ha enviado un informe jurídico a la Abogacía del Estado para que inicie "las acciones legales pertinentes" contra ellas.

Ha sido el Instituto de las Mujeres, dependiente de Igualdad, el que ha remitido a la Abogacía del Estado el informe, después de haber recibido un total de 334 quejas en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres sobre publicaciones en páginas webs y redes sociales que promocionan los "vientres de alquiler".

Esta promoción comercial está prohibida por ley, en concreto por la reforma de la ley de interrupción del embarazo de 2023, una norma que insta a las administraciones públicas legitimadas, en este caso el Instituto de las Mujeres, "a iniciar acciones judiciales dirigidas a la declaración de ilicitud y al cese de la publicidad que promueve prácticas comerciales para la gestación por sustitución", precisa Igualdad en un comunicado.

"El informe incluye un análisis de las publicaciones realizadas por las ocho agencias con sede social en España que pone de relieve los diferentes recursos comunicativos que estos negocios utilizan para atraer potenciales clientes, desde entrevistas en blogs que disfrazan la violencia que está práctica supone para la salud de las mujeres hasta la idealización de las denominadas 'madres gestantes'", detalla Igualdad.

En apenas un mes, entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, se han recibido más de 330 quejas.

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha denunciado que "alquilar el vientre de una mujer es una práctica detestable en cualquier sociedad que entienda que los derechos de las mujeres también son derechos humanos": "Los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se alquilan".

"No valen eufemismos lingüísticos para esconder una situación de violencia y explotación reproductiva de las mujeres por su situación de vulnerabilidad (...) Nuestro deber es actuar contra este tipo de mensajes, que tienen una alta carga de sexismo, clasismo y racismo. En ellos, además, las mujeres son invisibilizadas y sólo son nombradas como potenciales consumidoras de un producto", ha señalado.