Madrid, 16 ene (EFE).- La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior recibió el año pasado un número récord de solicitudes de protección internacional, con 167.366 peticiones, mientras que resolvió en todo el año 96.251 expedientes.

España ha sido el segundo receptor de protección internacional de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, con un 2,5 % de peticiones más que en 2023, según ha informado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska este jueves en un comunicado.

Se han resuelto 96.251 expedientes, lo que se traduce en un 4,2 % más que el año anterior y la mayor cifra también desde la creación de la oficina, en 1992, con la excepción de 2020 por la pandemia.

Por nacionalidades, el país de origen con más solicitantes ha sido Venezuela, con 66.134 peticiones (el 39,5 % del total) y Colombia (40.140).

Ambos países suman el 63,5 % de todos los expedientes formalizados en 2024 y les siguen, por número de solicitudes, Mali (10.673), Perú (10.427) y Senegal (7.708).

Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas con más solicitudes (47.439), por delante de Andalucía (25.538) y Cataluña (17.488).

6.355 personas con estatuto de refugiado

En 2024 España concedió el estatuto de refugiado a 6.355 personas, un tipo de protección que se da a extranjeros de nacionalidad no comunitaria o apátridas que huyen de sus países de origen porque son perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

Las cinco primeras nacionalidades de las personas que han recibido este estatuto son Nicaragua, Siria, Afganistán, Colombia y Honduras.

Por otro lado, se ha tramitado también la protección subsidiaria para 11.453 personas, un 200 % más que el año anterior y la mayor cifra de las concedidas hasta ahora en España.

Este tipo de protección se otorga a quienes no cumplen los requisitos para ser considerados refugiados pero que no puedan regresar a su país porque se arriesgan a ser condenados a pena de muerte o sufrir torturas y amenazas graves contra su vida.

Y por último, 33.534 ciudadanos, venezolanos en su mayor parte, han recibido, además, autorización de residencia por razones humanitarias durante un año.

De acuerdo con estos datos, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se ha situado en 2024 en un 18,5 %, seis puntos por encima de 2023.

Por otro lado, en 2024 se han presentado 2.084 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida, un 86,4 % más de solicitudes que en el 2023, lo que consolida una tendencia alcista. En todo el año se han resuelto 911 expedientes.

La apatridia es un procedimiento dirigido a identificar a las personas que no sean consideradas como nacionales por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifiesten carecer de nacionalidad, según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954.

Y en cuanto a la protección temporal, concedida a ciudadanos ucranianos desplazados por la invasión rusa, la Dirección General de Protección Internacional la ha otorgado en 2024 a 36.734 personas (un 8,3 % que en 2023), lo que eleva a más de 231.000 el número de ciudadanos amparados por esta figura en España.