• El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado repetir el juicio al que no pudo asistir el abogado José Luis Velasco porque se celebraba tan solo siete horas después de que naciera su hijo.

El tribunal ha estimado el recurso de revisión presentado por el letrado y revoca el decreto de archivo del Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, que tuvo por desistida a la defendida del abogado.

“Me da rabia no haber podido atender a mi mujer, con una cesárea, ni a mi hijo por estar realizando más de 80 llamadas al órgano judicial sin respuesta y tener que personarme. Y quiero ser el último, que no vuelva a pasar”, denuncia Velasco, quién reivindica que “ya no se trata de tener comprensión o empatía con el profesional de la abogacía, es tener sentido común”.

La mujer de Velasco, embarazada de 40 semanas, fue ingresada de urgencia la tarde noche del 24 de noviembre de 2021, la víspera del día 25 cuando estaba programado el juicio. Esa misma noche el letrado presentó vía LexNET al órgano judicial la documentación acreditando que su esposa estaba a la espera de dar a luz. Pero el juzgado no lo abrió hasta pasados dos días.

“Me llamaron para decirme que archivaban el caso porque no me había presentado. Tuve que estar más pendiente del jurado que de mi hijo y mi mujer porque me estaba jugando el carnet colegial. Me dijeron que no iban a tomar ninguna medida de gracia, que solo se concede una vez y por algo extraordinario”, relata el letrado.

El abogado reconoce la necesidad de legislar para que la suspensión de vistas no dependa discrecionalidad de los jueces  -algo que el Consejo General de la Abogacía lleva reivindicando años-, aunque señala que ya la Ley de Enjuiciamiento Civil ya establece el aplazamiento de juicios por casos de nacimiento o cuidado del menor.

Lamenta que no haya medidas de flexibilidad y seguridad para conciliar en la profesión y añade que al sentimiento de justicia se le sumó el de responsabilidad respecto de su defendida.  Por eso, pide la creación de un sistema rápido y automático de comunicación para estas situaciones. “Es un mal funcionamiento del sistema que afecta al ciudadano que es el que se ve desprotegido, tanto nosotros como padres, como nuestros clientes como justiciables”.

En el procedimiento se iba a tratar la reclamación de 3.000 euros de una mujer despedida en un ERE, caso para el que aún no hay fecha de juicio prevista, adelanta Velasco. “Mi clienta seguirá esperando”.