La decana del M. I. Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca Ramos, ha hecho público un artículo de opinión en el que sale al paso de recientes polémicas relacionadas con decisiones judiciales y hace un llamamiento a respetarlas, sin renunciar al derecho que la Abogacía tiene a criticarlas a través de los recursos. “La respuesta ante la incomprensión o el desacuerdo con una resolución judicial no puede ser nunca el ataque a las instituciones, o la ofensa personal, ni la sinrazón”, afirma la decana.
 

Blanca Ramos proclama, al iniciar su artículo, que “la Abogacía defiende, sin fisuras, la independencia judicial, entendida como la necesaria ausencia de influencias por parte de otros poderes del Estado o de intereses o grupos de presión de cualquier índole. Resultaría inexplicable otra posición por cuanto, para acceder a la profesión, nos comprometemos a acatar la Constitución y cumplir el ordenamiento jurídico. La Constitución deja claro que la Justicia se administra por jueces y magistrados que deben ser independientes y someterse, únicamente, al imperio de la ley”.

Añade a continuación que la obtención de la tutela judicial “es un derecho fundamental de la ciudadanía, como lo es la defensa y asistencia letrada, el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, la utilización de los medios de prueba pertinentes para ejercer la defensa y la presunción de inocencia, pilar sobre el que carga nuestro sistema y que, aunque a veces se cuestione, es un seguro para todas las personas”.
“En los procedimientos judiciales –señala la decana-, los jueces deben interpretar la Ley y aplicarla a través de la técnica jurídica, respetar, por tanto, las reglas establecidas, valorar en conciencia las pruebas, descender al matiz y emplear criterios razonables, motivando sus sentencias. Estos deberes garantizan la necesaria seguridad a quienes precisan de la Administración de Justicia para que resuelva sus problemas”.

“Los abogados ejercemos continuamente, a través de los recursos, nuestro derecho a la crítica de las Sentencias, partiendo de su legitimidad. Ese derecho a la crítica, que no es patrimonio de la Abogacía, es necesario y esencial, pero no puede traspasar el límite del respeto a las funciones judiciales”, advierte Blanca Ramos, quien recuerda que vivimos en un Estado de Derecho y que el Derecho “es el remedio del que se dota una sociedad evolucionada y cabal para resolver los conflictos. Su antítesis es que el más fuerte aplique su ley. Nuestro sistema, con sus virtudes y defectos, es el mejor de los posibles y debemos confiar en él. Establece, por ejemplo, que para sancionar a cualquier persona, antes debe existir una ley que prevea la infracción, unas normas de procedimiento iguales para todos, el derecho a conocer la acusación para poder ejercitar la defensa, la igualdad de armas o que no pueda elegirse a quien debe juzgar unos hechos, ni presionársele para que dicte una sentencia en determinado sentido”.

Plantea la decana del MICAP que a veces es cierto que las resoluciones judiciales se pueden percibir desde determinados ámbitos “como algo lejano o de difícil comprensión y es entonces cuando surge la impotencia y prevalece el sentimiento sobre la reflexión. Este hecho se aprecia con claridad en las causas más graves y de mayor repercusión mediática, pero también en el devenir cotidiano, pues la tutela judicial es un derecho que se ejercita por muchas personas a diario. La respuesta ante la incomprensión o el desacuerdo con una resolución judicial no puede ser nunca el ataque a las instituciones, o la ofensa personal, ni la sinrazón. A los abogados, como parte de la Administración de Justicia, desde nuestra independencia y desde la proximidad a las personas que depositan en nosotros su confianza directa, nos corresponde acercar esa Justicia a la ciudadanía, a la que defendemos y que da sentido a nuestra profesión. Los abogados trabajamos para la concordia y somos un instrumento de civilización: al lado de la parte demandante, de la demandada, de la acusación o de la defensa”.

Por tanto, concluye Blanca Ramos, “defendemos el respeto al Estado de Derecho, a la función jurisdiccional y a las resoluciones de los Tribunales de Justicia y a sus miembros, sin perjuicio de los recursos que resulten procedentes. También exigimos respeto, por parte de todas las instituciones que participan en la Administración de Justicia y por los medios de comunicación, a la función constitucional de primer orden que tenemos encomendada, que es la defensa de la ciudadanía”.