Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, el decano José María Alonso se ha propuesto lograr que “los 77.000 abogados y abogadas colegiados tengan el peso, el respeto, la influencia y el reconocimiento que merecen en el conjunto de la sociedad civil española”. Así lo ha declarado hoy en una conferencia impartida en el Club Siglo XXI, en la que ha defendido el rol que una institución como el Colegio de Madrid desempeña en defensa de los derechos e inquietudes, no sólo de los profesionales a los que engloba, sino de la sociedad en su conjunto “dando aliento a la democracia, introduciendo nuevas demandas sociales y vigilando la aplicación efectiva de derechos”.
El decano también ha destacado el extraordinario potencial y el enorme valor como generador de riqueza que el sector legal aporta al peso de la economía española, y, en última instancia, al propio tejido social. “Los abogados podemos ser útiles y beneficiosos en la producción de capital social”, ha señalado Alonso, quien confía plenamente en la capacidad de influencia de la abogacía sobre el centro del sistema político y judicial.
El decano madrileño ha subrayado además que el movimiento asociativo, como elemento unificador del sentir de la sociedad civil, consigue promover y defender sus intereses, tal y como se demostró el pasado 8 de abril en la celebración del día internacional de la mujer, y a cuyas actuaciones se adhirió participativamente el Colegio.
José María Alonso considera que la calidad legislativa y de la Administración de Justicia constituyen “poderosísimas herramientas” para atraer riqueza, a la par que ha reivindicado el excelente nivel de calidad de los servicios legales que se prestan en España, “sin nada que envidiar respecto de los británicos, franceses o alemanes”. Respecto al peso del sector de la abogacía en la economía nacional, el decano considera “nada descabellado” que el conjunto de operadores del sector legal aspire a multiplicar su contribución al PIB hasta alcanzar el 1%.
También ha dedicado el decano unas palabras a la situación que atraviesa el país en relación con la cuestión catalana, en la que los letrados, “operadores de una significación crucial en democracia”, han de ser “una voz potente, respetada por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial” que intervenga “haciendo avanzar y protegiendo el interés general de todos”.
La abogacía madrileña, organizada en torno a la institución colegial, puede aspirar en última instancia a erigirse en un motor de cambio y transformación social: “España vive un momento excepcional y los abogados no podemos desaprovechar esta ocasión”, ha finalizado el decano.
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