La falta de medidas de protección para hacer frente a la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19 está poniendo en grave riesgo la salud la salud de los abogados y abogadas que prestan asistencia letrada a los detenidos, un servicio fundamental para mantener el Estado de derecho. Así lo ha recordado el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, en una entrevista concedida a la Radio Pública de la Comunidad de Madrid, advirtiendo que los abogados podrán negarse a prestar esta asistencia si no se garantiza su salud con las medidas necesarias.
“La abogacía está prestando en estos momentos un servicio absolutamente esencial, como es la asistencia letrada a los detenidos”, ha recordado el decano, un servicio que no se puede parar “porque es fundamental para el Estado de derecho”. Así, “en la medida en que haya una persona detenida, tiene derecho a pedir asistencia letrada y si no tiene medios, se le designa un abogado de oficio. Y los abogados de oficio están yendo a comisarías, a cuarteles, a los juzgados a prestar asistencia, y lamentablemente en muchos sitios no hay suficientes medios de protección y se están infectando”, ha lamentado Alonso.
Desde el Colegio, que acaba de aprobar un nuevo protocolo de buenas prácticas en la asistencia letrada a personas detenidas durante la vigencia del estado de alarma, se espera ir paliando esta situación a medida que las actuaciones se vayan realizando por vías telemáticas. Sin embargo, el decano ha señalado que todavía hay casos donde el detenido exige la presencia física del abogado. Y en esos casos, ha explicado Alonso, si no se garantiza la salud del abogado, se puede negar a prestar la asistencia y el Colegio le dará el correspondiente amparo. “Frente a la tutela judicial efectiva, tiene que primar la integridad física de los abogados”, ha afirmado.
Que nadie se quede atrás
Más allá de la emergencia sanitaria, el decano ha mencionado también el impacto económico que está causando el estado de alarma en el sector legal: “desde los despachos pequeños y unipersonales hasta los grandes despachos, la abogacía está sufriendo muchísimo, el nivel de asuntos ha caído de una manera dramática”.
Para hacer frente a esta situación, la corporación madrileña ha puesto en marcha una serie de medidas con el objetivo de que nadie se quede atrás: “el Colegio va a hacer lo humanamente posible por ayudar a la abogacía”, ha anunciado Alonso. Así, el plan de respuesta incluye la creación de un fondo dotado de un millón de euros con el fin de ayudar a todos aquellos abogados y abogadas que se encuentren en una situación de necesidad. “Hemos hecho una revisión íntegra del presupuesto, hemos quitado aquellas partidas que entendíamos que podían prorrogarse a otro año, sin afectar por supuesto a la viabilidad del Colegio”.
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