Es abogado de doble cualificación (Escocia e Inglaterra/ Gales). Ex p
residente de la Abogacía Escocesa. Juez a tiempo parcial en la Cámara de Finanzas e Impuestos del Tribunal de Primera Instancia y miembro de la Cámara de Tributación y Cancillería del Tribunal Superior de Reino Unido.
1.- ¿Qué medidas quiere impulsar durante su presidencia en el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)?
Me gustaría mejorar aún más la eficiencia y la gestión interna de CCBE mediante la mejora de las comunicaciones internas. Por otra parte, el acrónimo del CCBE requiere a menudo una explicación, por ello necesitaríamos tener un medio más simple pero reconocible que exprese lo que hacemos. Aunque soy reticente a cambiar el nombre de organizaciones, creo que deberíamos abrir un debate a este respecto.
Además de estas medidas, quiero mejorar el futuro de la profesión, sacar adelante el proyecto “Abogados Europeos en Lesbos” (ELIL) y el Paquete Servicios, entre otros.
2.- ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los abogados europeos?
La profesión jurídica se enfrenta a varios desafíos. En primer lugar, debe evaluarse de cerca el impacto de la innovación disruptiva en la profesión jurídica. También hay desafíos cada vez mayores sobre los valores fundamentales de la profesión, especialmente con el secreto profesional del abogado, que debe protegerse para así proteger al cliente.
Por último, debe abordarse la desregulación de la profesión jurídica (por ejemplo, a través del “Paquete de servicios”). Si la prestación de servicios jurídicos se deja a la deriva en el mercado de servicios, es posible que no llegue a prestarse. El interés público es mucho más amplio y requiere la disponibilidad de servicios jurídicos para que haya un verdadero acceso a la justicia, por lo que debemos seguir luchando.
3.-Atendiendo al actual contexto político y social provocado por la guerra de Siria, ¿Cómo pueden los abogados europeos prestar ayuda jurídica a los refugiados?
El proyecto “Abogados Europeos en Lesbos”, lanzado el pasado mes de julio por CCBE y la Abogacía Alemana (DAV), y en el que también participa el Consejo General de la Abogacía Española, es un ejemplo perfecto de cómo los abogados europeos pueden trabajar juntos para apoyar a sus colegas griegos y para llenar un vacío que las instituciones europeas no están abordando.
Hasta ahora, el proyecto ha enviado a más de 40 abogados y se han tratado más de 600 casos. Dado el éxito del proyecto, veremos si se extiende su continuidad más allá del mes de julio de 2017. Las decisiones sobre el futuro del proyecto se harán en los próximos meses.
4.-La Unión Europea permitió que Gran Bretaña estuviera fuera del euro, así como que no perteneciera al Espacio Schengen, hace unos meses votaron el Brexit y ahora tienen un plazo de dos años para solicitarlo y formalizarlo, ¿Cómo afectará esto a la abogacía europea?
CCBE ha creado un grupo de trabajo para analizar cómo el Brexit puede afectar a los abogados europeos y a sus clientes, pero prefiero no especular sobre futuras acciones políticas. Sin embargo, el actual sistema de libre circulación de la profesión jurídica ha tenido éxito y es productivo para todos los abogados de la UE, incluidos los del Reino Unido. Esperamos que el modelo actual pueda ser utilizado para erigir algo constructivo en el futuro, sin importar el acuerdo que eventualmente se negocie, y esperamos igualmente que la cooperación entre abogados en toda Europa continúe. CCBE espera que lo que finalmente se decida, se haga lo más rápido posible para así poder defender mejor los intereses de los clientes.
5.-Los ataques terroristas del Estado Islámico se producen en toda Europa, ¿Cómo cree que las instituciones de la UE se enfrentan al dilema “seguridad vs. libertad”?
Existe, por supuesto, una amenaza terrorista y una respuesta de los gobiernos a través de la toma de medidas necesarias para proteger a los ciudadanos de nuestros países. Esto, por supuesto, sólo puede ser aplaudido, pero debemos seguir recordándoles que están luchando contra el terrorismo para preservar la democracia, y la democracia misma requiere el Estado de Derecho, que a su vez requiere una Abogacía independiente, lo que a su vez requiere una ética fundamental, protecciones jurídicas y la defensa de los derechos de los abogados y de sus clientes. Por lo tanto, debemos apoyar a las instituciones de la UE en su defensa de las libertades civiles, incluso en tiempos de vigilancia y seguridad obligatorias.
6.-La Comisión Europea ha propuesto estrictas normas de privacidad para todas la comunicaciones electrónicas y quiere actualizar las normas sobre protección de datos para las instituciones de la UE ¿Cree que estas medidas pueden ayudar a los abogados a preservar el secreto profesional y la confidencialidad entre abogado y cliente?
El Comité de Derecho de Nuevas Tecnologías del CCBE sigue investigando el impacto potencial de la propuesta de Reglamento de Privacidad Electrónica en los abogados. Sin embargo, acogemos con satisfacción el planteamiento de la Comisión de crear nuevos servicios establecidos en internet que permitan a las comunicaciones interpersonales (como la voz sobre IP, la mensajería instantánea y los servicios de correo electrónico alojados en la web) sujetos a una obligación de protección de confidencialidad de las comunicaciones equivalente a la de los servicios de comunicaciones tradicionales.
Por otra parte, es lamentable que el Reglamento propuesto no aborde de ninguna manera las actividades legales de interceptación por parte de las autoridades de los Estados miembros, que a menudo no se regulan adecuadamente.
7.-¿Cuál es la opinión del CCBE sobre el “Nuevo paquete de servicios” publicado recientemente por la Comisión Europea?
CCBE sigue examinando el impacto del Paquete de Servicios, que consta de una comunicación y tres propuestas de las Directivas, y los documentos de trabajo del personal, que suman más de 500 páginas.
La Comunicación contiene algunas recomendaciones específicas por país sobre cuestiones relacionadas con la regulación profesional, incluida la Abogacía. CCBE evaluará estas cuestiones y las recomendaciones con los miembros interesados. Al CCBE le preocupan algunas medidas de la propuesta de la Directiva que introduce una prueba de proporcionalidad ex ante para cada nueva normativa profesional a nivel de los Estados miembros y la propuesta de la Directiva que desarrolla aún más las obligaciones de notificación de dicho nuevo Reglamento a la Comisión, que en determinados casos, pueden solicitar la adaptación del nuevo reglamento antes de su entrada en vigor.
La regulación profesional a menudo limita el acceso y el ejercicio de una profesión, basada en motivos de interés público. Estos reglamentos pueden obstaculizar el desarrollo del mercado interno de servicios y reducir la libre circulación de servicios.
La regulación profesional de la Abogacía ya está sujeta a una evaluación de la proporcionalidad, confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos Wauters y Gebhard. Un enfoque más organizado e incluso armonizado de esta evaluación de la proporcionalidad de la nueva regulación profesional no debería ser un problema para nuestro sector e incluso puede ser útil. Sin embargo, el mecanismo propuesto va más allá y plantea cuestiones fundamentales.
Dado que no existe un enfoque armonizado de la regulación profesional por parte de la UE, la regulación de las profesiones sigue siendo una prerrogativa de los Estados miembros, que disponen de un margen de apreciación para decidir sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida requerida. Este margen de discrecionalidad puede estar, por supuesto, sujeto a una evaluación ex post de la proporcionalidad por parte del TJCE.
Sin embargo, la Comisión reduce este margen de discrecionalidad y, con ello, la regulación autónoma de los Estados miembros, mediante la introducción de requisitos ex ante obligatorios en términos de prueba de que deben atenerse a la evaluación de la proporcionalidad. La carga de la prueba vinculada a la evaluación de los requisitos ex ante crea un riesgo importante de “incumplimiento” de dichos requisitos, ya que los Estados miembros pueden ser reacios a iniciar el proceso de desregulación, ya que no estarán seguros de que les baste con la prueba que deberán entregar para la evaluación de la proporcionalidad.
De hecho, según la propuesta de la Directiva que revisa el procedimiento de notificación, la nueva medida y la evaluación documentada de la proporcionalidad deben notificarse a la Comisión en algunos casos antes de que la medida entre en vigor. En estos casos, la Comisión puede pedir al Estado miembro emisor que revise la medida y reduzca su carácter supuestamente restrictivo. Esto da a la Comisión Europea un papel bastante antidemocrático respecto de los Estados miembros, los reguladores, que en principio tienen la prerrogativa de la regulación de las profesiones y un margen de apreciación.
Para nosotros los abogados, defensores del Estado de Derecho, este nuevo escenario es sorprendente o por lo menos cuestionable.
8.-La excesiva duración de los procedimientos condenó a la UE a pagar más de 50.000 € a las empresas Gascogne Sack Deutschland & Gascogne. Además de procedimientos más rápidos, ¿qué otras mejoras necesita la Justicia de la UE?
El desafío más importante sigue siendo la revisión judicial efectiva, que es posiblemente más importante que un procedimiento judicial más rápido. De hecho, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que ahora figura en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es un elemento esencial del Estado de Derecho dentro de la Unión.
Una violación del derecho fundamental a una revisión judicial plena, efectiva y justa por un tribunal imparcial e independiente surge cuando el Tribunal General de la UE- por no respetar la discrecionalidad de la Comisión – no examina exhaustiva y minuciosamente los motivos y argumentos desarrollados por el solicitante que ponen en tela de juicio la legalidad del acto impugnado. A este respecto, el aumento constante del número de jueces en el Tribunal General debe garantizar que cada Juez Ponente, en virtud de una carga de trabajo más reducida, pueda dedicar más atención al examen de sus propios casos. Esto se traducirá en decisiones de mayor calidad, entregadas en términos razonablemente más cortos.
9.-La opinión pública sobre el TJUE en España ha mejorado últimamente debido a importantes resoluciones sobre Derecho del Trabajo, condiciones hipotecarias o temas como el “derecho a ser olvidado” en Internet. ¿Cree usted que los derechos de los ciudadanos están bien protegidos por los tribunales europeos?
Con honestidad, responder a esta pregunta requiere una evaluación de la jurisprudencia de los tribunales de la UE sobre la base de valores políticos, por lo que cualquier respuesta es altamente subjetiva y reflejará la sensibilidad nacional, así como las convicciones personales.
Todo el mundo sabe que en ocasiones el Tribunal ha sido acusado de activismo judicial y de actuar como legislador; en otros casos, de no ser suficientemente valiente para proteger los derechos de los ciudadanos europeos. Por supuesto, los Tribunales de la UE tratan de no inmiscuir en el ámbito de la política, que está reservado exclusivamente al legislador de la UE ya los Estados miembros. Sin embargo, a menudo se les pide que actúen para llenar un vacío en el que los legisladores no han regulado, o para enmendar las malas decisiones tomadas por los legisladores, o para proporcionar orientación a los jueces nacionales inseguros a la hora de interpretar normas europeas. Es obvio que en cada caso se trata de encontrar el justo equilibrio entre intereses en liza -como la libertad y la seguridad, el derecho fundamental de los ciudadanos a la privacidad y la evolución tecnológica en el mundo de los negocios.
10.-Tras las decisiones del nuevo Presidente de los Estados Unidos, ¿cree que Europa tendrá un efecto contagioso en temas que afectan a los derechos y libertades civiles, por ejemplo, libertad de movimiento, libertad de expresión, género o discriminación racial y medio ambiente?
Es difícil especular sobre el futuro político de Europa. Sin embargo, independientemente de lo que suceda a nivel político, los abogados siempre estarán a la vanguardia de la defensa y protección de los derechos y libertades civiles.
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