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  • La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española ha intervenido en el desayuno informativo del Fórum Europa
  • “Siempre se han usado las gafas equivocadas y los relojes trucados para abordar la reforma de la Justicia, la última reforma pendiente desde nuestra transición, y la geometría parlamentaria no puede ser una excusa para no abordarla”
  • “No hay gasto más social que el gasto en Justicia. Los profesionales del Turno de Oficio no merecen el trato que han venido recibiendo”
  • El impulso  de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa o la reclamación de que las víctimas de violencia de género cuenten, con carácter preceptivo, con asistencia letrada desde el momento previo a la interposición de la denuncia han sido otros de los asuntos abordados en esta cita

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha expresado durante su intervención en el desayuno informativo Fórum Europa, organizada por Nueva Economía Fórum, su preocupación sobre la falta de consensos en materia de Justicia ya que “sin Justicia nada funciona y me preocupa que no haya un Pacto de Estado para construir acuerdos”. Recordó las palabras del Rey en la última entrega de despachos a jueces, ‘la Justicia es condición indispensable para la convivencia’.

Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Garrigues, ha presentado a Victoria Ortega, señalando que la presidenta de la Abogacía es “una persona valiente e infatigable que tiene la virtud de saber centrarse en las prioridades”. Garrigues ha asegurado que “cada vez es más necesario tener una visión multidisciplinar” para afrontar los retos globales.

El desayuno informativo ha contado con la presencia de más de 350 asistentes entre vocales del Consejo General del Poder Judicial, juristas, diputados y senadores, fiscales y magistrados. Entre los asistentes se encontraban, entre otras autoridades, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el presidenta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremos, Manuel Marchena; la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán; el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, y el anterior presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer.

Victoria Ortega ha lamentado que aún seguimos sin un Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, “seguramente la última gran reforma pendiente desde nuestra Transición”. Y esto no se debe, ha añadido, a que “España no sepa pactar o no tenga cultura de pactos”, como ha demostrado con diversos acuerdos desde la Transición, si no a que “en esa reforma siempre se han usado las gafas equivocadas y relojes trucados”. “La geometría parlamentaria”, añadió, “no puede ser una excusa para no reformar la Justicia”. En este sentido ha reclamado que, si no es posible alcanzar un Pacto de Estado –por falta de interés, ganas o capacidad-, sí se intente al menos lograr acuerdos en materias como el impulso de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa; una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita; o la mejora de la protección de las víctimas de violencia de género, incorporando en el Proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género medidas como la regulación, con carácter preceptivo, de la asistencia letrada a las víctimas de violencia de género desde el momento previo a la interposición de la denuncia.

Uno de los ejes de la intervención de la presidenta del Consejo General de la Abogacía ha sido la reclamación de que hay que “hacer cada uno lo que tenemos que hacer”. Así, además de las peticiones anteriores, ha considerado obligado contar con unos Presupuestos Generales del Estado que piensen de verdad en la Justicia, “porque no hay gasto más social que el gasto en Justicia”. O “apostar por la Justicia Gratuita” y creer que es un servicio público que se presta desde el compromiso, la cercanía y fuera de las leyes de mercado, en el que la territorialidad es una garantía de proximidad al ciudadano. Respecto al sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, ha subrayado que “los profesionales del Turno de Oficio no merecen el trato que han venido recibiendo, especialmente en el llamado territorio común”, así como la “firme voluntad de colaboración” y la “total disposición para trabajar, desde la lealtad institucional” en la mejora del mismo.

Igualmente ha reclamado la reforma del sistema de acceso a la Abogacía, para contar con profesionales con los más elevados estándares de excelencia y preparación; y la aprobación del nuevo Estatuto de la Abogacía. En referencia a las normativas en tramitación, la presidenta de la Abogacía ha asegurado que “lo correcto no es ir más allá de lo que dice una Directiva Europea para sepultar derechos esenciales en democracia como el secreto profesional o librar batallas injustas contra la abogacía de empresa”.

Sobre el trabajo realizado dentro del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega ha recordado la puesta en marcha del Plan Estratégico de la Abogacía; el fomento de la igualdad, con medidas como el primer Plan de Igualdad del Consejo; el impulso de la mediación, con la firma de un convenio de colaboración en esta materia con el Consejo General del Poder Judicial; o la elaboración y publicación de las guías prácticas para la actuación letrada en asuntos de relevancia social como la protección de solicitantes de asilo, los delitos de odio o el enfoque de género.

La Abogacía también trabaja en temas relacionados con la tecnología, que será el eje que vertebre el XII Congreso Nacional de la Abogacía, que se celebrará en mayo en Valladolid. Un Congreso en el que se abordarán los cambios estratégicos en la profesión, desde una perspectiva 100% participativa, en el que los más de 2.000 asistentes podrán diseñar su propio itinerario eligiendo entre más de 120 ponencias.

Para concluir, Victoria Ortega también ha destacado el compromiso de la Abogacía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la promoción de la igualdad y de una Justicia accesible; con los Derechos Humanos, compromiso ejercido a diario desde la Fundación Abogacía Española; y con el proyecto de construcción europeo, porque “somos una Abogacía europeísta”. Además, como presidenta de Unión Profesional, ha querido recordar la importancia del sector de las profesiones tituladas, que representan el 11% del PIB español.




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