Por: Ana Sanz Martín

Stéphane Leyenberger es Jefe de la División de Independencia y Eficiencia de la Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa (CEPEJ). Alcalde de Saverne (Alsacia, Francia) desde 2014. El próximo 9 de octubre es el encargado de abordar el “Acceso a la Justicia en la Unión Europea” en el encuentro sobre “Acceso Universal a la Justicia” organizado por el Fondo para el Desarrollo Sostenible (SDGF), la Universidad de Navarra y el Consejo General de la Abogacía, que se celebrará en Madrid.

1. El artículo 6.3 apartado c) de la Convención Europea de Derechos Humanos establece el derecho de acceso efectivo a la justicia en caso de insuficiencia de medios, ¿cómo se puede garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de los 47 Estados miembros, asumiendo éste como uno de los principios básicos del Estado de Derecho?

En efecto, no hay Estado de Derecho cuando los ciudadanos no pueden tener fácil acceso a un juez. Esto implica elementos intelectuales, físicos y financieros. Deben acceder tanto a la ley (saber cómo proteger sus derechos y entender la ley o tener acceso a alguien que lo haga en su nombre) como al juez en un tribunal (la estructura judicial de un estado, el “mapa judicial”, también es un problema, así como la organización de los establecimientos judiciales).

Deben ser capaces de pagar por ser asesorados y defendidos y, en la mayoría de los Estados, pagar honorarios para presentar un procedimiento. Todos los Estados europeos han instaurado un sistema de asistencia jurídica en materia penal en cumplimiento de los requisitos de la Convención Europea de Derechos Humanos. En la mayoría de los casos, la ayuda concedida abarca la representación legal ante los tribunales. En cuanto a la evolución de los presupuestos destinados a la asistencia jurídica, es posible distinguir dos tendencias: las dotaciones en los sistemas más generosos tienden a restringir el presupuesto asignado a la asistencia jurídica y aquellas en que los importes asignados a la asistencia jurídica son los más bajos, tienden a aumentar el presupuesto de asistencia letrada. Cada vez más, la asistencia jurídica se extiende a la ejecución de decisiones judiciales o a la mediación judicial. En algunos Estados o entidades donde los usuarios de los tribunales están sujetos a impuestos/tasas judiciales considerables, el acceso a la justicia de las personas con medios financieros limitados es, sin embargo, eficientemente garantizado a través de sistemas de ayuda legal.

2. ¿Conocen los ciudadanos en profundidad su derecho de acceso a la justicia en Europa? ¿Cuáles son las principales barreras?

Obtener información correcta y suficiente es esencial para garantizar un acceso efectivo a la justicia. Ahora es muy fácil obtener información sobre leyes, procedimientos, formularios, documentos y tribunales de las páginas web oficiales. Cada Estado o entidad ha creado páginas web que ponen a disposición de los ciudadanos la legislación nacional y la jurisprudencia del Ministerio de Justicia, las Cortes, el Boletín Oficial, etc. Estas web, como las que contienen la jurisprudencia de los tribunales superiores, suelen ser utilizadas por los profesionales.

Las personas que se presentan ante los tribunales que busquen información práctica sobre sus derechos o sobre los tribunales harán un mejor uso de las páginas web específicas ofrecidas por los tribunales pertinentes o creados en su interés por el Ministerio de Justicia. Muchos Estados o entidades indican que estas páginas web incluyen formularios que los interesados pueden descargar para permitirles ejercer sus derechos, las solicitudes relativas, por ejemplo, a la asistencia letrada. Estas páginas web “prácticas” se están desarrollando en Europa.

Sin embargo, el nivel de información puede depender de la capacidad de buscar información. La educación, el papel de los medios de comunicación, la organización de los Colegios de Abogados, la capacidad de utilizar los medios electrónicos, o la existencia de ONG son elementos clave para garantizar que las personas conozcan su derecho en materia de acceso a la justicia.

3. Ante la existencia de barreras al acceso a la justicia, ¿qué opina de la imposición de tasas judiciales para acudir a los tribunales?

Está comprobado que el pago de las tasas judiciales es ahora una característica clave del sistema judicial en muchos Estados de Europa: el contribuyente no es el único que financia el sistema, ya que la persona que se presenta ante el tribunal también debe contribuir. Sólo Francia y Luxemburgo prevén acceso gratuito a los tribunales. Los ingresos generados por los honorarios judiciales pueden cubrir una parte significativa del presupuesto asignado al sistema judicial. Austria es incluso capaz de generar ingresos que exceden los costos de operación de todo el sistema judicial. Superan el 20% del presupuesto del sistema judicial en más de una cuarta parte de los Estados o entidades. Sin embargo, en gran medida, el alto nivel de las tasas judiciales puede explicarse por el hecho de que los tribunales son responsables de los registros (principalmente los registros de la propiedad y de los mercantiles). Se cobran cargos por recuperar información de estos registros o por registrar las modificaciones.

4. ¿Qué objetivos tiene la División de Justicia del Consejo de Europa a corto plazo?

Nuestra División está encargada de promover la justicia como servicio público en los Estados miembros, funcionando con eficiencia y calidad. Proponemos soluciones concretas que puedan ser utilizadas por los Estados miembros del Consejo de Europa para promover la aplicación efectiva de las normas europeas utilizadas para la organización de la justicia, garantizar que las políticas públicas relativas a los tribunales tengan en cuenta las necesidades de las personas acuden al sistema judicial y ofrecer soluciones eficaces antes de que se presente una solicitud al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se prevengan las violaciones del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, contribuyendo así a reducir la congestión del Tribunal. Obviamente, el acceso a la justicia es una de nuestras prioridades, en todas sus dimensiones, incluida la promoción de sistemas jurídicos eficientes.

5. ¿En qué medida el acceso a la justicia contribuye al desarrollo de otros derechos?

El ejercicio pleno de otros derechos puede depender del derecho de acceso a la justicia. De hecho, cuando el ejercicio de un derecho es limitado, socavado, inviable por las acciones ilícitas de entidades públicas o privadas, sólo la justicia puede restablecer tales derechos. Si uno no puede acceder adecuadamente a la justicia, podría ser difícil, o incluso imposible, tener estos derechos garantizados.

6. ¿Cómo pueden contribuir la sociedad civil y el sector privado a proporcionar información sobre el derecho de acceso a la justicia?

El papel de las asociaciones de abogados es crucial en la mayoría de los Estados miembros para proporcionar información sobre el derecho de acceso a la justicia. Ya sea a través del sistema de ayuda legal, donde las personas obtienen dinero del Estado para pagar a los abogados (o los abogados son pagados directamente del presupuesto estatal), o mediante sistemas pro bono donde los abogados ofrecen consultas gratuitas. Las ONG especializadas o las asociaciones de estudiantes de derecho, a menudo, también están activas en este campo, incluso a través de la gestión de sitios web dedicados a ello. Además, los medios de comunicación tienen un papel en la sensibilización del público en lo que respecta al funcionamiento de la justicia.

7. ¿Cree que el uso de medios electrónicos agiliza y facilita este derecho?

El uso de las tecnologías de la información (TI), desde aplicaciones para usuarios en sus teléfonos inteligentes, en sus ordenadores personales y las tablets, hasta las infraestructuras de información, como Internet y los servicios que se derivan de ellas, son cada vez más aceptados. Introducidas como una herramienta para mejorar el rendimiento, las TI están demostrando ser algo más que un elemento técnico, cambiando las relaciones entre individuos, y entre individuos y organizaciones, tanto en el sector privado como en el público.

En algunos aspectos, las tecnologías de la información han permitido mejorar la eficiencia y la calidad de los sistemas judiciales. Sin embargo, no parece haber un vínculo evidente entre el nivel de equipo de TI y los buenos resultados, como reflejan los indicadores de eficiencia. Los Estados con la tecnología de la información más desarrollada no son necesariamente los más eficientes. En lugar de ser solo una herramienta sencilla para los tribunales, la integración de las TI en un proceso organizativo de desempeño de funciones, junto con una política de gestión del cambio que involucre a todas las partes interesadas podría ser un factor de éxito. Las TI son esenciales no son lo único que se puede hacer para mejorar el rendimiento de los sistema judiciales.

8. En 2016 se publicó el último informe sobre funcionalidad del sistema judicial europeo según el cual los países europeos gastan anualmente en sus sistemas judiciales un promedio de 60 euros por habitante, ¿puede medirse el nivel de la justicia europea sólo por el dinero que se invierte? ¿Debería invertirse más en justicia?

Los medios financieros asignados al funcionamiento de los sistemas judiciales son fundamentales para hacer funcionar el sistema, pero muchos otros factores intervienen en su buen funcionamiento: el marco legislativo existente y la organización de los procedimientos judiciales, la organización de los tribunales y las profesiones judiciales, la sociología (¿acuden directamente las personas a los tribunales para resolver un conflicto?), Etc. Es difícil, o incluso imposible, contar con un sistema judicial eficiente, ofreciendo un servicio público de calidad, sin medios financieros adecuados. Sin embargo, un sistema puede tener serias disfunciones incluso con un presupuesto relativamente alto.

La media europea relativa a los presupuestos de los sistemas judiciales es de 60 € per cápita en 2014, pero la mitad de los Estados gastó menos de 45 € per cápita. Las diferencias entre los 6 Estados cuyo gasto per cápita es inferior a 20 € son considerables, así como las diferencias entre los 5 estados o entidades donde el gasto es superior a 100 €. Al subrayar un presupuesto per cápita asignado al sistema, debe tener en cuenta el nivel de riqueza en el país: 60 € gastados en un país rico son menos de 60 € gastados en un país pobre y los estados más ricos no son necesariamente los que proporcionalmente realizan los esfuerzos presupuestarios más considerables con respecto al sistema judicial.

Se está tendiendo hacia un aumento en el presupuesto asignado al sistema judicial en la mayoría de los Estados. La crisis económica y financiera de finales de los años 2000 dio lugar a que algunos Estados realizaran importantes recortes presupuestarios. En 2014, los Estados afectados ​​pudieron iniciar o continuar gastos adicionales para la promoción de sus sistemas judiciales (Letonia, Lituania, Rumania y Eslovenia). Por el contrario, en Irlanda, Portugal, España y en particular en Grecia, el sistema judicial sigue sufriendo restricciones presupuestarias.

9. ¿Puede el Brexit afectar al derecho de acceso a la justicia de los ingleses que viven en Europa? ¿Y para los europeos que viven en Inglaterra?

Por una parte, el Reino Unido es y seguirá siendo uno de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, obligado por la Convención Europea de Derechos Humanos y su artículo 6. Por otra parte, la Convención no se dirige a los ciudadanos de un Estado miembro, sino a todos las personas que se presentan ante los tribunales en ese Estado miembro, cualquiera que sea su ciudadanía. Por lo tanto, el Brexit no debe afectar a este derecho esencial, ni para los británicos que viven en Europa, ni para los europeos que viven en el Reino Unido.

10. ¿Considera que los sistemas judiciales europeos están respondiendo adecuadamente para garantizar el acceso a la justicia a los migrantes vulnerables (refugiados, víctimas de la trata …)?

Algunas categorías de personas que se presentan ante los tribunales son más frágiles que otras, ya que no tienen acceso a información sobre cómo acceder a la justicia. Los migrantes son a menudo parte de esas categorías. La barrera de la lengua es a menudo recurrente. Menos de la mitad de los Estados miembros del Consejo de Europa tienen mecanismos de información para los migrantes, pero un poco más de la mitad de ellos prevén modalidades específicas de audición. En los países en los que hay ONG específicas o en las que los Colegios de Abogados están específicamente organizados para recibir, informar y defender a los migrantes, sus derechos están mejor protegidos. En términos generales, es de esperarse un progreso adicional, teniendo en cuenta la situación internacional.

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