Carpeta de justicia

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El Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE) centro de investigación que estudia el cuidado y acompañamiento de personas mayores, personas con discapacidad y a sus cuidadores, en colaboración con la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados de Chile, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y el Grupo Infancia y Justicia, realizarán el primer proceso de investigacióna nivel nacional de metodología mixta orientado a identificar barreras y facilitadores en acceso a la justicia para personas con discapacidad.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de investigación Interacciones Cuidadosas en Justicia, que tiene por objetivo principal comprender la percepción de jueces, notarios, abogados en ejercicio y estudiantes de Derecho hacia personas con discapacidad en Chile, con el fin de diseñar y validar un modelo de trabajo que incluya un conjunto de ejercicios adaptados que facilite el acceso a la justicia del colectivo de interés.

El proyecto, financiado por el Fondo Bidirectional Commitment in Innovation (BIci) de apoyo a la Investigación y Desarrollo Comprometidos con la Sociedad, considera diferentes etapas que involucran tanto a las propias personas con discapacidad como a integrantes del sistema de justicia.

Durante los próximos meses se aplicará una encuesta que podrá ser respondida por estudiantes de pregrado de Derecho de diversas universidades en distintas regiones del país, notarios, magistrados y abogados en ejercicio. En este sentido, el Colegio de Abogados ha sido un puente entre la industria legal y el proyecto de investigación.

Según la evidencia recopilada por el proyecto, a pesar los avances en la protección jurídica, las personas adultas con discapacidad enfrentan barreras en su inclusión social, especialmente en entornos judiciales debido al desconocimiento sobre un trato adecuado a estas personas y la falta de información accesible. La discapacidad, siendo una condición que involucra desafíos individuales y barreras contextuales para la participación plena en la sociedad, requiere de un enfoque específico para garantizar su inclusión.

Hasta la fecha, persisten desafíos adicionales debido a la carencia de políticas y programas concretos para este colectivo, lo que evidencia la urgencia de abordar la falta de armonización legislativa y consulta vinculante en el sistema judicial chileno.




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