Los cuatro principales grupos parlamentarios del Congreso, PP, PSOE, Vox y Sumar, se han comprometido hoy a encontrar una pronta solución al problema de las pensiones de los mutualistas, aunque todavía es mucha la distancia que les separa, como se ha puesto de manifiesto en el debate sobre el futuro de la previsión social organizado hoy por la Abogacía.

Mercè Perea, del grupo parlamentario socialista, defendió la proposición de ley presentada a finales de año por el PSOE: “Contempla que a partir de 2027 todos los mutualistas pasen a pertenecer del RETA, se harán de forma gradual las aportaciones y habrá una transitoriedad para que los mutualistas puedan irse acogiendo de forma paulatina; lo que se pretende es que haya una pasarela, con unos requisitos, que permita que las aportaciones que se han estado haciendo pasen a engrosar el RETA”.

Y señaló que esta propuesta es un buen punto de partido para encontrar un consenso: “Trabajemos sobre esta proposición de ley, haciendo las enmiendas que haya que hacer”, pidió a los otros diputados.

La proposición socialista, sin embargo, fue muy criticada por los otros partidos.

“Es insuficiente, deja fuera a muchísima gente, y estamos dispuestos a enmendarla en la totalidad, reclamamos pensiones dignas para todos los profesionales”, señaló Juan José Aizcorbe, de VOX. “Nadie está mendigando nada. Las complejidades numéricas se pueden salvar”.

Fernando de Rosa, del PP, afirmó, por su parte, que “el unilateralismo no funciona. Hay que hacer un acuerdo negociado. Estaríamos dispuestos, mañana mismo, a sentarnos con el gobierno y con todos los colectivos para encontrar una solución”.

Mientras que, por parte de Sumar, Enrique Santiago, reclamó “una pasarela al RETA de las cotizaciones hechas a las mutualidades para acabar con la discriminación que ha habido por falta de vigilancia del Estado y que el Estado debe ahora corregir. Entendemos que año cotizado en la mutualidad tiene que ser equiparado a un año cotizado en la Seguridad Social, el traspaso de todos los derechos, por contribuciones o por cualquier concepto”. “Estamos abiertos a escuchar propuestas”, añadió.

La mesa redonda de los diputados fue la tercera y última de una jornada, celebrada en el Consejo General y que fue seguida online por cientos de personas, en la que se han analizado en detalle las diferentes propuestas para encontrar una solución al problema de las pensiones de los mutualistas.

De izq. a dcha.: Luis María del Pozo Fernández, representante de J2; Salvador González, presidente de la Abogacía; Ignacio Gally, presidente de la comisión de Previsión Social de la Abogacía; Isabel Rabell, representante de Plataforma Pasarela al RETA y Rocío Carrera, representante de Anama.

En una primera mesa, los representantes de las asociaciones de mutualistas coincidieron en rechazar la proposición de ley socialista. “Es insuficiente e inconstitucional”, señaló Isabel Rabell, representante de Plataforma Pasarela al RETA. “Es una bofetada a los mutualistas y un insulto a la inteligencia”, criticó Luis María del Pozo Fernández, representante de J2, que pidió a los partidos políticos que enmendaran dicha proposición.

“Hemos cotizado lo que nos han dicho en cada momento, a algunos no se nos dio ni siquiera la opción de afiliarnos al sistema público. Y por tanto exigimos que un mes cotizado o aportado a las mutualidades alternativas sea reconocido tal cual en el sistema público de pensiones”, propuso Del Pozo.

Rabell defendió también ese “uno por uno para todos, a bases de cotización mínimas, como mínimo por defecto para todos, en cómputo anual de aportaciones, no de ahorro”.

Rocío Carrera, representante de ANAMA, criticó que la proposición socialista “deja fuera a casi todo el colectivo”. “Provoca mucha discriminación”, añadió. “Es mentira que hayamos pagado menos, en muchos casos hemos pagado más. Somos sostenibles, no vamos a quebrar la Seguridad Social y realmente se pueden buscar mecanismos para que nadie se quede atrás, tampoco los pasivos o los  que tienen pocos fondos”.

Todos pidieron el fin de la alternatividad. “Es un sistema fallido, que nace fallido”, señalaron Rabell y Carrera.  “Tiene que terminar en el momento en que entre en vigor la ley. Todos sin excepción tenemos que estar en el sistema público”, añadió Del Pozo. “Los derechos no se compran”, señaló.

Y también coincidieron en denunciar la brecha de género, dado que las mujeres resultan más perjudicadas por tener una esperanza de vida más larga.

De izda. a dcha.: Álvaro Domenech, André Pérez Subirana, Carlos Navarro, Ángel López, José Enrique Devesa y María Salas. Modera José Antonio Perales.

Y en la segunda mesa varios expertos explicaron los informes que han elaborado con diferentes soluciones. Álvaro Domenech explicó el informe EY A Coruña – “el traspaso ha de ser voluntario y no puede perjudicar a terceros”, defendió-  Andrés Pérez Subirana el del CICAC  – “El Estado es el responsable de la situación creada. Tiene que haber una pasarela, voluntaria e incluir a todos los colectivos. Eso nos lleva al 1 por 1”- ,  José Enrique Devesa, el informe Económico Financiero encargado por Anama – “hemos calculado un factor del conversión del 56,84%- . También intervinieron Carlos Navarro, representante de la Plataforma Pasarela al RETA y Ángel López González, representante de J2.