En primer lugar, la ley de Derecho en Defensa, que dio sus primeros pasos el año pasado: El Consejo de Ministros aprobó en agosto un anteproyecto que refuerza de forma significativa el secreto profesional y el papel de las instituciones colegiales de la abogacía. Sin embargo, se quedó corto en la regulación del amparo colegial y la lucha contra el intrusismo. Por eso, la Abogacía presentó unas alegaciones en las que también solicitó que el secreto profesional proteja a los abogados de empresa, y un endurecimiento de las penas por agredir a letrados. El anteproyecto aún no ha llegado al Parlamento.
En 2023 deberían ver además la luz las leyes de Eficiencia del servicio público de Justicia -Procesal, Digital y Organizativa- que se están tramitando en el Parlamento y que incorporan las reclamaciones de la Abogacía sobre conciliación, con medidas muy esperadas como la suspensión de plazos procesales por parto y adopción o enfermedad del profesional. Tras haberse conseguido, in extremis, la inhabilitación procesal de todo el periodo navideño, ahora es imprescindible regular estos supuestos para garantizar la plena conciliación en la profesión.
La Abogacía seguirá insistiendo en la necesidad de una nueva ley de Justicia Gratuita, en sustitución de la de 1996, o por lo menos que se modifique la actual para equiparar las retribuciones en todas las comunidades autónomas e incluir todos los servicios que se prestan, como la defensa de las personas jurídicas.
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