La Defensora del Pueblo resalta en sus alegaciones que “la Comisión Europea no llevó a cabo una evaluación del impacto que el acuerdo tendría sobre los derechos humanos, a pesar de las reclamaciones del Consejo de Europa, las Naciones Unidas y ONG, así como ciudadanos y una amplia comunidad legal, que reclaman que la implementación del Acuerdo no se puede realizar sin infringir derechos fundamentales”.
“Con la admisión de esta queja, la Defensora del Pueblo reconoce que existen argumentos suficientes como para verificar si la Comisión Europea ha incurrido en una mala práctica y que esta actuación puede estar violando el marco legal de la Unión Europea. Creemos que es un paso importante y una llamada de atención a una Europa que está haciendo dejación de sus funciones e ignorando sus principios fundacionales”, afirma Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link.
La Defensora del Pueblo Europeo resalta que entre las reclamaciones de los demandantes figura la necesidad de que la “Comisión Europea lleve a cabo una evaluación del impacto sobre los derechos humanos (con especial atención a la perspectiva de género y a la promoción y protección de los ninos) del Acuerdo y de sus informes de ejecución”.
La queja presentada por Women’s Link denuncia que la Comisión Europea no ha tenido en cuenta ni ha tomado ninguna medida para garantizar el derecho a la dignidad de las personas migrantes y solicitantes de refugio. Women’s Link ha comprobado el impacto que tienen en mujeres, niñas y niños de las extremadamente precarias condiciones de alojamiento, alimentación, aseo, iluminación y seguridad en que se encuentran las personas en los centros de detención y asentamientos informales. Las mujeres embarazadas no están recibiendo tratamiento médico adecuado y tampoco hay asistencia médica para bebés recién nacidos y niños pequeños, que se encuentran expuestos a múltiples enfermedades.
Estas condiciones colocan a mujeres, niñas y niños en riesgo de sufrir violencia y abusos sexuales, y los hace aún más vulnerables a las redes de tráfico y a las redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
El acceso a protección internacional, incluyendo el procedimiento de asilo y los plazos establecidos tampoco se realizan con la debida diligencia y la falta de personal, de traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo que hay para recurrir y apelar impide que el procedimiento de asilo se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia.
La Defensora del Pueblo Europeo ha decidido unir cinco quejas sobre violaciones de derechos humanos derivadas del acuerdo con Turquía y abrir una investigación sobre la actuación de la Comisión Europea.
“La UE pretende mirar hacia otro lado cuando tiene en sus puertas y dentro de su casa la crisis de personas refugiadas más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Europa tiene la obligación de proteger a las personas que buscan protección internacional. Esperemos que esta investigación de la Defensora del Pueblo Europeo sirva para que la Comisión Europea y la UE en su conjunto cambien el rumbo hacia la protección de los derechos humanos”, concluye Waisman.
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