Esta rápida represión ha llevado al comisario de Política de Vecindad y Amplación de la UE, Johanes Hahn, a afirmar que las autoridades turcas tenían elaborada una lista de jueces a los que depurar antes de que se produjera la intentona golpista, lo cual es tremendamente grave.
Erdogan ha anunciado además la posibilidad de restablecer la pena de muerte en Turquía, lo que supondría un grave retroceso y una vulneración flagrante de los Derechos Humanos.
Por otra parte, a consecuencia del reciente acuerdo suscrito entre Turquía y la UE sobre personas refugiadas, miles de seres humanos que huyen de la violencia en Siria se pusieron en manos de Turquía, al que Europa consideró “un país seguro” en contra de la opinión de organizaciones humanitarias.
La Abogacía Española ha expresado en numerosas ocasiones su protesta ante el Gobierno turco por la detención de abogados que defendían a miembros del PKK, impidiendo así el ejercicio del derecho de defensa, uno de los pilares del Estado de Derecho.
Exigimos a las autoridades europeas y a la comunidad internacional que velen porque las medidas que adopte el gobierno turco como consecuencia del levantamiento militar se ajusten a los estándares internacionales del estado de Derecho.
Exigimos también que Europa no olvide a los miles de personas refugiadas cuyo futuro dejó en manos de Turquía ya que, a la vista de los recientes acontecimientos, no puede considerarse un país seguro.
Instamos al gobierno turco y a la comunidad internacional a que respeten los Derechos Humanos y los estándares internacionales en la consolidación de las estructuras de un estado democrático y de derecho digno de formar parte de la Unión Europea.
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