El Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su indignación por la apertura de un expediente sancionador por parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a nueve Colegios de Abogados a los que acusa de haber “aplicado sobrecostes en el proceso de Bankia realizando recomendaciones de precios, mediante la elaboración y publicación de criterios orientativos a efectos de tasación de costas sin tener en cuenta, por ejemplo, la existencia de pleitos masivos e idénticos o muy parecidos entre sí”.
El expediente tiene su origen en una denuncia de Bankia que estima que está soportando un sobreprecio en la liquidación de costas procesales de más de 150 millones de euros y la CNMC ha hecho suya la denuncia de la entidad bancaria, que señala que los Colegios se pusieron de acuerdo para no ponderar la existencia de esos pleitos masivos, lo que ha dado lugar a titulares de informaciones absolutamente falsos como “Nueve Colegios de Abogados cobraron 150 millones de más en los pleitos de Bankia” o “Competencia les abre expediente sancionador por aconsejar a los despachos que fijaran altas tasas en procesos muy repetitivos porque los acaba pagando el banco” o que “Nueve Colegios de abogados inflaron en 150 millones…”.
La Comisión Nacional de la Competencia debería saber que los Colegios de Abogados tienen legalmente atribuida la función de “emitir informes en asuntos de tasación de costas a petición de los juzgados”, que esos informes sólo se envían a los juzgados y que, además, no son vinculantes sino indicativos para éstos, que deciden libremente al respecto. Por tanto, ni los Colegios de Abogados han cobrado nada por los pleitos de Bankia, ni han aconsejado nada a los despachos de abogados. Simplemente han ejercido la función que tienen legalmente encomendada.
El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido a los nueve Colegios y a sus Servicios Jurídicos un informe sobre el asunto, y se pronunciará tras el Pleno que celebrará el próximo viernes, no descartando emprender las acciones legales que correspondan contra quien resulte responsable de denuncias falsas.
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