El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha presentado esta mañana ante el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid sendos escritos dirigidos a los portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios en los que les ha solicitado su apoyo para aprobar una Proposición No de Ley para la Mejora de las Condiciones de Jubilación de los Profesionales de la Abogacía.
En dicha propuesta de Proposición, que Ribón ha remitido a los Grupos, se insta al Gobierno de la nación a:
- Regular un tránsito al régimen de la Seguridad Social (RETA) de los mutualistas de la abogacía que lo soliciten, con atención específica a casos determinados, para que reconozca la antigüedad de estos años a efectos de la Seguridad Social; garantizar, para los mutualistas pasivos, el derecho a la pensión mínima.
- Regular un tratamiento fiscal adecuado al recuperar ahorro aportado en aquellos casos que los mutualistas así lo interesaran, aplicable a cualquier persona que se encuentre en situación parecida, por el principio de igualdad fiscal.
- Mejorar las prestaciones de los profesionales jubilados parcialmente.
“El compromiso de esta Junta de Gobierno es claro: defender los derechos y los intereses de todos sus colegiados. Existe una notoria inquietud de una parte significativa de profesionales de la abogacía hondamente preocupados por las percepciones de jubilación que recibirán tras años dedicados al ejercicio de la profesión y entregados a garantizar derechos constitucionales como son el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Por ello, hoy hemos solicitado el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios tanto del Congreso como de la Asamblea de Madrid para aprobar esta Proposición No de Ley instando a poner en marcha las reformas necesarias”, ha explicado el Decano Ribón.
“La vinculación de la Abogacía con pilares básicos del Estado y con la garantía de derechos y libertades debe corresponderse con una adecuada protección social en la edad de jubilación a los profesionales que la han ejercido y así se lo hemos trasladado a nuestros legisladores”, destaca el Decano del ICAM.
La Proposición no de Ley propuesta por el ICAM recoge las peticiones que el Decano ya trasladó el pasado 12 junio a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a los responsables de Hacienda de todos los partidos políticos (dada la disolución de las Cortes en aquel momento) ante el riesgo de precarización de la abogacía jubilada.
En el proyecto de Proposición No de Ley remitida a los portavoces parlamentarios se explica que “desde el 2005, en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2004, del 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, la Mutualidad de la Abogacía es un sistema de cuenta individualizada, no de caja común, por lo que las pensiones dependen de las aportaciones de cada mutualista”.
Ello genera que, para un porcentaje significativo de la abogacía, las prestaciones de jubilación que se recibirán serán muy escasas.
El ICAM recuerda que esta evolución de la Mutualidad ha producido, además, “una casuística diversa donde se dan situaciones muy variadas y se debe buscar amparar a quienes se sienten perjudicados, pero evitando al mismo tiempo cualquier acción que pueda suponer un perjuicio para otros tantos Mutualistas. La diversidad de situaciones coexistentes exige un tratamiento respetuoso con todos los mutualistas, buscando propuestas de mejora y solución en aquellos ámbitos que verdaderamente tienen capacidad de actuación”.
“El ICAM está y siempre estará para salvaguardar los intereses de sus colegiados y para trabajar por las mejores condiciones para ellos. Siempre estaremos al lado de la abogacía y, por ello, confiamos en que los Grupos Parlamentarios apoyen nuestro proyecto de Proposición No de Ley, al tiempo que seguiremos trabajando para resolver una situación que preocupa y afecta a nuestra profesión”, ha señalado Eugenio Ribón.
Proposiciones No de Ley de este cariz ya han sido presentadas en los Parlamentos Autonómicos de Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias y Cataluña, y han sido aprobadas por los de Andalucía y Galicia, en ambos casos por unanimidad.
El Decano ha trasladado a los Grupos igualmente su disponibilidad para comparecer en sede parlamentaria o “celebrar los encuentros que sean necesarios para exponer la necesidad y urgencia de estas medidas en defensa de la protección social de los profesionales de la abogacía”.
El ICAM ha traslado también estas iniciativas a representantes de los mutualistas con quienes se espera reunir esta misma semana.
Con un comunicado de apoyo el pasado 13 de junio y petición de soluciones a la Seguridad Social y a los responsables de Hacienda de todos los partidos, el ICAM fue el primer Colegio de la Abogacía de España en actuar en defensa de los mutualistas.
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