Hablar del Turno de Oficio es hacerlo de la Abogacía en mayúsculas, porque es referirse a los auténticos garantes de un servicio público y esencial en una democracia de calidad. Sin el TO cientos de miles de justiciables tendrían vetado el acceso al derecho elemental a la justicia, algo inaceptable en un sistema desarrollado y abierto, garantista.

Hablar del Turno de Oficio es hacerlo de dignidad, la que se da a quienes sin recursos suficientes pueden acceder en un plano de igualdad a la administración de justicia. Y la que se reconoce a quienes llevan a cabo la encomiable e imprescindible labor, sin reloj, 365 días al año, de ensanchar de verdad el Estado de derecho.

Cuando en Navidad se detiene a un ciudadano, sin recursos o que carece de un abogado de confianza, ahí está el turno. Cuando se despide a un trabajador imprecedentemente, para reaccionar está el turno. Cuando van a enjuiciar a un ciudadano que carece de defensor por problemas de conciencia como en los delitos de terrorismo o contra la libertad sexual, ahí está el turno.

Especialmente en la jurisdicción penal, el TO permite a la Abogacía entrar en contacto con una realidad que existe pero en algunos casos y por suerte está alejada de nuestras vidas: los hurtos o robos para comer, o para suplir una necesidad de drogadicción, los problemas de familia de una ciudadanía en exclusión social: exiliados políticos o inmigrantes que han llegado a España en cayucos o saltando la verja de Ceuta o Melilla… gracias a estos clientes, a estos justiciables, muchos de nosotros llegamos a casa con la satisfacción y el orgullo de haber estado en primera línea salvaguardando derechos fundamentales.

El turno se enfrenta a grandes retos, por otra parte, que se insertan en la “crisis de la Abogacía”: trato con las administraciones, retrasos en la justicia, leyes injustas… falta de seguridad jurídica, en última instancia. De ahí que sea un momento éste especialmente oportuno para pedir respeto, porque éste tiene que remitirse a tres ámbitos: el propio, el de la administración y el de las instituciones.

Juan Gonzalo Ospina

Diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid