• El ICAM perseverará en las acciones emprendidas “para contribuir al completo esclarecimiento de los hechos y a la depuración de las responsabilidades que pudieran existir”
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La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha valorado, en un comunicado oficial, la investigación del Fiscal General del Estado, destacando la gravedad del caso y su impacto en el derecho constitucional de defensa.

En primer lugar, la Junta de Gobierno del ICAM destaca que el auto dictado por el más alto tribunal constata la existencia de los indicios racionales de delito que ya denunciara el propio Colegio, al señalar la posible infracción del deber de sigilo profesional que pesa sobre el Ministerio Fiscal. Según puso de manifiesto el ICAM, ahora corroborado por el Tribunal Supremo, esta vulneración indiciaria ha tenido una grave afectación sobre el derecho de defensa. La publicación de ciertas conversaciones, conforme a lo indicado en la querella, podría constituir un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 del Código Penal, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En segundo término, el ICAM lamenta la investigación de tan altos cargos de la Fiscalía, pues, inevitablemente, ello proyecta una imagen preocupante de la institución. A pesar de esta situación, el ICAM ha querido poner en valor que la Fiscalía está integrada por casi 2.700 profesionales excepcionalmente cualificados, con una inmensa vocación de servicio público y una inquebrantable defensa de la legalidad. El Colegio ha remarcado que este caso representa un hecho extraordinariamente singular, anómalo y sin precedentes.

Finalmente, el Colegio de la Abogacía de Madrid, fiel al compromiso adquirido, reafirma su intención de perseverar en el ejercicio de la acción penal como parte personada en la causa. El ICAM trabajará para contribuir al completo esclarecimiento de los hechos y a la depuración de las responsabilidades que pudieran existir, siempre en salvaguarda del derecho de defensa reconocido constitucionalmente.