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  • La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias emite una Instrucción que recoge las propuestas de la abogacía para facilitar las comunicaciones entre los internos y sus abogados defensores, así como con el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria
  • La Instrucción amplía a nivel nacional unas medidas que se venían aplicando en el centro Penitenciario Madrid V en el marco de la colaboración entre Instituciones Penitenciarias y el Colegio de la Abogacía de Madrid para fortalecer el derecho de defensa de los reclusos

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha publicado una instrucción para que los centros penitenciarios habiliten espacios específicos donde las comunicaciones entre los internos y sus abogados puedan realizarse sin barreras físicas. Además, se permitirá a los abogados llevar ordenadores portátiles o tabletas a estos encuentros, siempre que los dispositivos no cuenten con cámaras o capacidades de comunicación externa activas.

Desde el Colegio de la Abogacía de Madrid, que desde hace años venía solicitando la extensión al resto de Centros Penitenciarios del proyecto iniciado en esta línea en Madrid V, la noticia ha sido acogida con satisfacción. “Es una medida que satisface una petición histórica de la abogacía, por un lado el poder mantener un contacto de máxima confianza con los clientes, y por otro la posibilidad de llevar toda la documentación del procedimiento en ordenador o Tablet para preparar los juicios, lo que sin duda fortalece el derecho de defensa”, señala Juan Manuel Mayllo, Diputado responsable del Turno de Oficio.

Para implementar estos cambios, las direcciones de los centros penitenciarios deberán gestionar la habilitación de, al menos, una dependencia adecuada para estas comunicaciones. Esta dependencia debe permitir el control visual por parte de los funcionarios sin que exista separación física, asegurando al mismo tiempo la seguridad y privacidad necesarias.

Los abogados, según indica la instrucción, deberán solicitar con antelación la utilización de estos nuevos espacios, especificando su interés en realizar comunicaciones sin barreras físicas. Las solicitudes serán revisadas por las direcciones de los centros, que indicarán la fecha y hora de la cita o, en su caso, las razones concretas de cualquier denegación.

La instrucción, que ha sido emitida esta semana, también especifica que no se autorizarán estas comunicaciones en casos donde exista una intervención judicial de las comunicaciones del interno. Esta nueva normativa deroga las disposiciones anteriores que entren en conflicto con las nuevas directrices y entrará en vigor al día siguiente de su firma.

Para Javier Mata, Diputado responsable de Defensa de la Abogacía “Este avance, cuatro años después del inicio del proyecto pionero durante la pandemia, representa un hito en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y una mejora sustancial en el acceso a una defensa justa y equitativa. Mejora significativamente el derecho a la defensa y las condiciones de trabajo para los abogados. Desde el Colegio de la Abogacía de Madrid, acogemos esta noticia con satisfacción y reconocemos el esfuerzo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por atender nuestras demandas”.

Antecedentes

En un contexto de fuertes restricciones sanitarias como consecuencia de la pandemia, el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias iniciaron en 2020 un proyecto pionero para facilitar las comunicaciones entre las personas privadas de libertad y sus abogados a través de vídeo llamadas.

Una mejora que posteriormente se extendió a las comunicaciones realizadas de manera presencial a los locutorios de los centros penitenciarios, permitiendo que las entrevistas entre los abogados y sus clientes internos se desarrollaran en un entorno de confianza, sin mamparas ni barreras físicas. Todo ello acotado, inicialmente, al Centro Penitenciario Madrid V a través de la Orden de Dirección núm. 19/2022, que además de suprimir las barreras arquitectónicas permitía el acceso con ordenador portátil u otro dispositivo electrónico para el estudio de la documentación.

Cuatro años después del inicio de aquel proyecto, llega esta Instrucción ampliando su alcance a todos los Centros del conjunto del Estado.




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