Madrid, 28 dic (EFE).- El Ministerio de Justicia impulsará una nueva ley de asistencia jurídica gratuita ampliando los supuestos en los que los ciudadanos se pueden acoger a la misma y actualizará los baremos de retribuciones a los abogados del turno de oficio que prestan este servicio.

Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en declaraciones a los periodistas tras reunirse este jueves en el Ministerio con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

Félix Bolaños ha adelantado que su departamento quiere impulsar una nueva ley de asistencia jurídica gratuita pues tras 27 años en los que ya lleva en vigor la actual es necesario mejorarla "para que todas las personas más vulnerables tengan abogado, incorporando nuevos supuestos para que los ciudadanos puedan acceder a este servicio".

El ministro ha dicho que igualmente impulsará la ley orgánica del derecho a la defensa, que empezó a tramitarse en la pasada legislatura y que "servirá de complemento a la de la de asistencia jurídica gratuita".

Y ha informado de que en las primeras semanas de enero el Ministerio volverá a reunirse con la Abogacía para comenzar los trabajos de actualización de los baremos de retribuciones a los abogados de oficio "que deben ser dignas y justas".

"La Abogacía lo lleva reclamando desde hace años y ahora es el momento de actualizarlos teniendo en cuenta la subida de la vida en los últimos años", ha comentado el titular de Justicia.

Por su parte Victoria Ortega ha agradecido la reunión al ministro para trasladarle los temas que preocupan a la abogacía.

Ortega ha explicado que ha pedido "la necesaria entrada en vigor de las normas de eficiencia en su conjunto" y ha mostrado su disposición a colaborar con el Ministerio "en todo lo que sea avanzar en el servicio público de una justicia de calidad eficaz".

En cuanto a los baremos de retribución de los abogados de oficio Victoria Ortega ha estimado que se deben tener en cuenta la subida del índice de precios al consumo (IPC) de los últimos ocho años y las retribuciones de los letrados que prestan este servicio en las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia.