Trabajar en equipo, descentralizar el Consejo a través de Comisiones más operativas y de las nuevas figuras de vicepresidentes ejecutivos, para que este organismo actué de forma más dinámica y clara son algunas de las claves que Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Málaga, esboza, a modo de programa electoral para optar al puesto de presidente del CGAE en unas elecciones que tendrán lugar este próximo 14 de enero.
“La única manera que un proyecto funcione es que tenga un líder que sepa gestionar y coordinar equipos de trabajo, por encima de cualquier presidencialismo. En este caso creo que tengo profesionales competentes que saben qué quiere la abogacía española”; comenta nuestro interlocutor, quien en un deseo de que todos los decanos conozcan sus ideas para cambiar el CGAE está manteniendo contactos directos con sus 82 colegas restantes.
En su opinión, la herencia de Carnicer genera un Consejo unido en las cuestiones más importantes, pero “sin embargo, la gran asignatura pendiente del CGAE es que se convierta en un lobby con notable peso específico a nivel de influencia. Hay que recuperar el papel de la abogacía institucional en la sociedad y ante todos los poderes del Estado”; apunta.
A juicio de Lara, es necesario trabajar de otra manera en el seno del Consejo, “con un staff formado solo por decanos y que impulsen la figura del vicepresidente ejecutivo, donde cada uno tenga su parcela y fuerza ejecutiva, para ser más ágil en nuestras decisiones. Hay que romper la idea de que hay que esperar al Pleno para ejecutar algo”, subraya.
Su perfil
“El hecho de presentarme a las elecciones al CGAE es porque considero que es el momento de un cambio en la entidad, tanto a nivel de la protección y defensa de los derechos fundamentales de los abogados y ciudadanos, como de su funcionamiento como institución.
Modestamente la candidatura que lidero cree que puede hacerlo. Tengo un apoyo importante de decanos y decanas que me han animado a presentarme y eso me ha animado a dar el paso y presentarme a estos comicios.
A este respecto, la experiencia atesorada como decano del Colegio de Málaga y como presidente de la Comisión de Justicia Gratuita en el CGAE, pueden ayudar mucho en ni deseo de presidir el Consejo.
Es cierto, esa experiencia ayuda mucho en cualquier proyecto institucional. Al mismo tiempo es fundamental tener las ideas claras, saber que quieres hacer y contar con la ayuda de los demás. Para proyectos de esta envergadura es fundamental trabajar en equipo. “
Desde su punto de vista, ¿Qué debe mejorarse de la institución del CGAE para que tenga el peso específico que merece en la sociedad y en el sector legal?
El Consejo ha logrado estos últimos años cierta unidad en muchas de sus decisiones más importantes. Heredemos una entidad unida y eso es importante para el futuro presidente del CGAE. Eso ha hecho que se trabajase bien, desde diferentes frentes el problema de las tasas judiciales, aún pendiente para las PYMES y ONGs.
Sin embargo, la gran asignatura pendiente del CGAE es que se convierta en un lobby con notable peso específico a nivel de influencia. Hay que recuperar el papel de la abogacía institucional en la sociedad y ante todos los poderes del Estado.
¿Este papel de lobby, qué efectos reales tendría a corto y medio plazo al asumir ese papel?
Además de lo que le estoy comentado, que me parece muy importante, también estaría la propia defensa de la profesión de abogado, a todos los niveles, en el ejercicio habitual de su actividad o en el caso del Turno de Oficio, cuyos problemas crónicos ahí están.
Sin embargo, para tener ese peso específico, es fundamental mejorar la notoriedad y visibilidad del CGAE, aún muy poco conocido por abogados y sociedad...
Es posible que así sea. No obstante, se supone que cada uno de los 83 decanos que lo configuran transmite en su entidad colegial todo lo que ha pasado en ese Pleno del propio Consejo.
Sin embargo, tal y como hice en el Colegio de Málaga, hace tres años cuando llegué, habrá que hacer también si llego a presidente del CGAE, un ejercicio de transparencia mayor del que se está haciendo. Que sepan claramente qué trabajos por la abogacía y por los abogados. Será fundamental dar publicidad a los Plenos y sus acuerdos y mejorar la relación con los medios informativos.
A nivel de funcionamiento interno, ¿Qué tiene pensado hacer para que la institución del CGAE sea más ágil y eficiente en su actividad?
Haremos cambios para mejorar la eficiencia de las Comisiones de trabajo existentes. Algunas de ellas tendrán facultades delegadas por el propio Pleno. La idea es trabajar de otra forma a la actual. Potenciaremos la Comisión de Coordinación entre Comisiones que hasta ahora no ha funcionado lo que esperábamos con un responsable que las coordine todas.
Al mismo tiempo se creará una Comisión Interterritorial que coordine la actividad del propio CGAE con la de los Presidentes autonómicos de Consejos Regionales para abordar cuestiones de forma más directa y concreta. De forma paralela, se crearán grupos de trabajo especializados por jurisdicciones. La idea es reforzar el trabajo que se haga en las Comisiones Estatutarias.
Habrá un nuevo staff, formado solo por decanos, en el Consejo donde las figuras de los vicepresidentes ejecutivos ayuden a descentralizar la forma de trabajo que hasta ahora se venía haciendo. Contaremos, también, con una plataforma digital para que todos los decanos y consejeros tengan la documentación de interés siempre cerca a tiempo real.
Respecto al nombramiento del Presidente y los Consejeros, ¿Va a haber algún cambio que quiera mencionarnos si usted es elegido presidente del CGAE?
Sobre la duración del mandato del presidente del CGAE, en el propio Estatuto General de la Abogacía ya habla de esa limitación de su puesto en dos mandatos de cuatro años. Cualquier cargo de responsabilidad es bueno que tenga fecha de caducidad. También soy un firme convencido de que no debemos eternizarnos nunca en los cargos.
Respecto a la elección del Presidente, corresponde a los 83 decanos de las instituciones colegiales elegirlo. No tiene mucho sentido involucrar a los abogados cuando cada decano es representante de muchos de ellos. Se desvirtuaría el concepto que tenemos de Consejo, como organismo de representación de Colegios.
En este contexto en el que nos movemos, ¿los 83 Colegios de Abogados que existen en la actualidad serán viables a corto y medio plazo?
Yo pienso que sí. Cada una de las entidades colegiales que configuran la abogacía juegan un papel importante en su ámbito de influencia. No cuestan un duro al erario público y ayudan a mantener un control deontológico sobre la propia actividad de los abogados.
Desde el Consejo veremos la forma de establecer servicios para todos los Colegios, de forma ordenada y consensuada. Sería bueno fomentar la solidaridad entre todas las instituciones colegiales.
En este momento, hay servicios que ofrece el CGAE que Colegios con más números de colegiados no les satisface y los más pequeños, sí. Por eso le digo que hay que crear servicios que nos sirvan a los 83 Colegios en la práctica.
Ahora que comenta este asunto, ¿El sistema actual de votación ponderado que existe en el CGAE está funcionando bien o hay que darle alguna pensada?
Es cuestión de estudiarlo, y así lo haremos. Ya funciona para muchas cuestiones, pero quizás haya que perfilarlo aún más para evitar cualquier negociación secreta entre Colegios. Todas estas iniciativas obligarán a revisar los Estatutos de la Abogacía de manera completa.
Lo que sí me gustaría revisar es el papel de los Consejeros no Decanos que también configuran el Consejo. Hasta ahora, su voto vale igual que el de un Decano. En mi opinión, creo que su labor es más de asesoramiento en un segundo plano, pero quien tiene que decir los asuntos del Consejo deben ser los decanos.
Desde su punto de vista, ¿Qué rasgos deben definir al futuro presidente del CGAE, para que esa institución sea un lobby?
A esta pregunta yo le contestaría con la necesidad de que ese profesional cuente con un doble perfil; por un lado, capacidad de liderar proyectos y equipos donde delegar sea clave, según el modelo que le he explicado nuestro que tenemos in mente.
Al mismo tiempo, ser presidente del CGAE implica tener la suficiente mano izquierda para poder tratar con todos los poderes del Estado existentes. Esta cuestión no es sencilla y no está al alcance de todos.
En mi caso, me avala la experiencia en la Comisión de Justicia gratuita en los tres últimos años, desde donde he mantenido reuniones con todos los partidos políticos, Ministro de Justicia incluido.
Hablar de Justicia Gratuita es hacerlo de una actividad clave para muchos ciudadanos sin recursos, pero un problema para muchos abogados que cobramos mal y tarde...
Con el nuevo Gobierno debemos lograr muchas de nuestras reivindicaciones como Abogados del Turno que somos. Hay que buscar la dignificación de esta actividad y mejorar sustancialmente los baremos en toda España. Y es que no se toma en serio el papel fundamental de estos profesionales frente a los derechos de los más desfavorecidos. Nos preocupa la garantía de cobro.
Como servicio público debería haber esa garantía de pago y, al mismo tiempo, que Competencia deje de perseguir a los Colegios por esta actividad con expedientes y sanciones desmedidas y que vea que esta actividad no puede ser marcada con los mismos parámetros que cualquier actividad económica, por ese carácter de servicio público que hablamos.
En ese Pacto de Estado por la justicia que piden asociaciones de jueces, políticos y otros operadores jurídicos, ¿cuál debe ser el papel de la abogacía en el mismo?
El papel de los abogados en este Pacto por la Justicia tiene que ser prioritario. Tenga en cuenta que la Constitución española nos ofrece el papel de la defensa de los derechos de los ciudadanos, nosotros conocemos mejor que nadie qué necesidades tiene la administración de justicia.
Hay que evitar los parches y buscar reformas consensuadas donde los operadores jurídicos opinemos y demos idea al legislador. Todas las partes implicadas debemos sentarnos en una mesa y ver qué administración de Justicia requiere este país.
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