Tras dos intensas jornadas en las que más de 50 especialistas han analizado desde una perspectiva jurídica el presente y el futuro del sector financiero, el III Congreso ICAM de Derecho Bancario ha concluido este viernes con la presentación de sus conclusiones. El diputado del ICAM José Ramón Couso, director del mismo, acompañado por los también diputados Ana Buitrago y José Ignacio Monedero, el vicesecretario General del Banco de España, Jaime Herrero, y el Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández, ha hecho públicas las 10 conclusiones alcanzadas durante el encuentro.
Entre otras cuestiones, los participantes consideran que la evolución normativa reciente y algunos proyectos legislativos ofrecen dudas sobre la desprotección que puede derivarse para empresas y consumidores, a quienes no se puede sustraer el derecho constitucional a contar siempre con asistencia y asesoramiento legal.
Además, advierten de que la irrupción de la tecnología está cambiando el paradigma para los abogados del sector, que requieren una capacitación técnica que exige una constante formación y apoyo de sectores tecnológicos. Respecto al euro digital, opinan que afectará de lleno a los abogados más allá del sector bancario, que su implantación real será probablemente más rápida a la esperada y que tendrá unas enormes consecuencias legales.
Y respecto a los males endémicos del sistema judicial español, los especialistas en Derecho Bancario creen que disuaden a inversores y proyectos generadores de empleo y riqueza, y que ocasionan innumerables costes para clientes, incertidumbre e inseguridad jurídica.
Ante esta situación, apuestan por impulsar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o los nuevos mecanismos prejudiciales de gestión de las insolvencias. Un contexto en el que la Corte de Abitraje del ICAM aspira a tener un mayor protagonismo “por su calidad, especialización, transparencia y servicio”, según ha destacado su presidente, José Ignacio Monedero en las palabras de clausura.
Por su parte, la Diputada Ana Buitrago ha puesto el acento en la importancia de que el sector incorpore a su gestión criterios de sostenibilidad al ser críticos “para la viabilidad a largo plazo de cualquier organización y también una gran oportunidad como factor de innovación” y en el papel de la abogacía para impulsarlos.
CONCLUSIONES
1. El Derecho Bancario se revela como disciplina autónoma y en constante evolución normativa y jurisprudencial, con singularidad propia y transversalidad en otros ámbitos legales no estrictamente bancarios: fiscales, consumidores, tecnología, compliance, procesales, regulatorios, derecho de insolvencias, gestión de npl’s, financiación alternativa, sostenibilidad, RSC, gobierno corporativo, etc.
2. La abogacía y el sector bancario tienen, entre sus objetivos, la presentación de servicios (profesionales y financieros, respectivamente) basados en la confianza a los clientes y la necesidad de eficacia, solvencia y desde la salvaguarda reputacional de sus funciones.
3. Las entidades financieras, en su diferenciado marco normativo, tienen especiales deberes de solvencia, buen gobierno y de relación con los stakeholders, en el que los abogados internos y los externos deben tener muy presente los valores que sustentan una función esencial para particulares y empresas con un enfoque socialmente sostenible.
4. La evolución normativa reciente y diversos proyectos legislativos ofrecen dudas sobre la desprotección que puede derivarse para los clientes (empresas y consumidores) que precisan y tienen derecho a contar siempre con asistencia y asesoramiento legal: no se puede sustraer ese derecho constitucional en el ejercicio de acciones colectivas o en reclamaciones ante bancos, compañías de seguros, etc.
5. La tecnología blockchain ha irrumpido en el ámbito mercantil a través de la modificación de la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento MICA que cambia el paradigma para los abogados del sector y que exigen de una capacitación técnica que exige una constante formación y apoyo de sectores tecnológicos.
6. El euro digital es un ambicioso proyecto transformador que afectará de lleno a los abogados más allá del sector bancario, al incidir en economías domésticas y empresariales, con una implantación real quizá más rápida a la anunciada (2026) por el empuje de otros países (China, India, EEUU, en desarrollo….) Y con enormes consecuencias legales.
7. Los retrasos endémicos, falta organización y medios del sistema judicial español plantean un grave problema para toda la abogacía y, sin dudas, para los operadores financieros y bancarios y son un lastre para España, que disuaden a inversores y proyectos generadores de empleo y riqueza y que ocasionan innumerables costes para clientes, incertidumbre e inseguridad jurídica.
8. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son una alternativa en la que la abogacía debe estar especialmente dispuesta para ofrecer soluciones legales ágiles y seguras a los clientes, bancarios o no, aunque hay esquemas legales aún muy rígidos para que los bancos y acreedores financieros puedan acudir con mayor frecuencia a mecanismos como el arbitraje.
9. Los nuevos mecanismos prejudiciales de gestión de las insolvencias son potentes instrumentos legales que propician la salida con menor coste y tiempo para las empresas en situación de insolvencia (actual, inminente o probable), siendo indispensable la formación y especialización de los abogados que asesoren a empresas, acreedores bancarios y comerciales, y en los que la participación judicial es residual y solo necesaria para ampliar los efectos de la reestructuración a través de la homologación judicial.
10. El papel de la financiación pública en la recuperación económica y el apoyo especializado de la abogacía se manifiesta en la financiación “verde”, que tiene muy en cuenta la observancia de los criterios ESG y proyectos para empresas españolas y start-ups en los que la contribución de la abogacía a la economía circular, a la igualdad y diversidad es decisiva.
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