Esta abogada trabaja actualmente como jefa de la Oficina Defensorial – un equivalente de nuestro Defensor del Pueblo- en la región fronteriza de Tumbes, donde tiene que enfrentar la inmigración irregular o la contaminación del agua. Pero antes estuvo prestando asistencia jurídica a presos, entre ellos a varios españoles que acaban de ser trasladados a centros españoles para terminar su condena aquí, gracias a un programa de la Fundación Abogacía.

Hablamos con ella de la situación en las cárceles de su país, pero también de la complicada situación que atraviesa el país andino. “Se encuentra en una crisis social y política. Los reclamos de la población se orientan básicamente al adelanto de elecciones, pero, ni desde el Ejecutivo ni el Legislativo se percibe el sentido de urgencia. Urge que el Congreso de la República priorice el debate de adelanto de elecciones en el plazo razonable más corto, y de esa manera contribuir a devolver la paz social a todo el país”, cuenta.

¿Cómo viven los presos extranjeros en Perú?

Tienen problemas de salud, hacinamiento, violencia. De hecho, el sistema nacional penitenciario en Perú está declarado en emergencia desde 2017. Sobre todo es grave para la población extranjera, especialmente vulnerable. No llegan al abogado de oficio en el 90 % de los casos y tienen que enfrentarse a otra legislación que no conocen. He visto internos a los que el abogado les ha visitado una vez y no ha vuelto. Y la mayoría de los que llegan a la cárcel son mulas y no tienen dinero para pagarse un abogado privado

 ¿Cómo es el acceso a la justicia de los ciudadanos sin recursos en Perú?

 A través del Ministerio de Justicia se ofrece lo que es en España el abogado del turno de oficio. Son los defensores públicos pero es un servicio superpoblado porque hay muchas demandas y los abogados no tienen tiempo para estudiar los expedientes y no hay, por tanto, una defensa eficiente.

¿Qué objetivos tiene actualmente en la Oficina Defensorial de Perú?

 Supervisamos que las instituciones realicen el mejor servicio público. Entre las quejas que interpone la población están las demandas laborales y los beneficios sociales, la demora en las solicitudes de información pública o los casos de bullying o xenofobia a los menores extranjeros en los centros educadores.

 ¿Ha sufrido acoso y persecución en su desempeño?

De momento no. La anterior Defensora del Pueblo sí tuvo algún problema porque Tumbes es un departamento en el que hay mucha corrupción, como prácticamente en todo Perú, lamentablemente. De los dos últimos gobernadores regionales, uno está en la cárcel por temas de corrupción y el otro está buscado por la justicia.

¿Cómo se combate esta corrupción desde el Derecho?

Tenemos muchas leyes, pero en la práctica no se cumplen. Los fiscales ahora están aplicando bastante la prisión preventiva. Nuestras cárceles están más llenas de gente investigada. Como Defensoría, a la hora de supervisar las instituciones públicas, nos convertimos en un ente incómodo. Si encontramos alguna prueba de corrupción, nos comunicamos inmediatamente con la Contraloría del Perú, la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, que verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos del Estado. A partir de ahí ellos hacen el seguimiento e interponen las acciones que estimen conveniente.