La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) quiere mostrar públicamente su adhesión al rechazo expresado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) contra algunos de los puntos incluidos en la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que tiene entre sus objetivos la limitación de la presentación de querellas por acusaciones populares.

ACIJUR, asociación integrada por periodistas de todas las sensibilidades políticas, considera, sin entrar en la discusión política sobre la necesidad de esta propuesta de ley, ni en los detalles técnicos que ya han sido abordados por las asociaciones judiciales, que esta figura, cuyos orígenes se remontan al Derecho Romano, que figura en nuestro acerbo legal desde el Código de las Siete Partidas, en el siglo XIII, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente y en la Constitución, juega un papel fundamental en la lucha contra la corrupción.

Nuestra Asociación, asimismo, condena las referencias despectivas de miembros del Grupo Socialista, que han descalificado en los últimos días las iniciativas de la acusación popular basadas en “recortes de prensa”.

Estas señorías deberían recordar que las informaciones periodísticas, buena parte de ellas producto del mejor periodismo de investigación, han contribuido a sacar a la luz escándalos políticos que han terminado ante los tribunales de justicia merced, en gran parte a las acusaciones populares.

Escándalos que han afectado tanto a su partido como al principal partido de la oposición, a otros partidos y a la Casa Real han sido depurados en los tribunales con condenas firmes.

Casos como los de Filesa, GAL, Gurtel, Bankia, Noos, ERE de Andalucía, Bárcenas, Villarejo, Púnica y Lezo, por citar algunos de los más conocidos. La lista es muchísimo más larga.

ACIJUR entiende que este interés y esta premura por cercenar la eficacia de la figura de la acusación popular tiene su centro en tres casos evidentes actuales, dos de los cuales afectan de forma directa a responsables del partido socialista, y el tercero al fiscal general del Estado.

Como afirmaba recientemente un catedrático de Derecho Procesal de la talla de Nicolás González-Cuéllar, “estas modificaciones no buscan mejorar la justicia sino cercenar la capacidad de la ciudadanía para actuar frente a los abusos de poder”. ACIJUR suscribe esta afirmación.