Madrid, 16 jun (EFE).- Los abogados de toda España están llamados a concentrarse este sábado a las puertas de la asamblea general de su mutua, Mutualidad Abogacía, para denunciar las "irrisorias" pensiones que reciben y que se permita, a los que quieran, pasar al régimen de autónomos manteniendo las aportaciones realizadas durante años.

Por su parte la Mutualidad ha subrayado esta semana que busca soluciones y que está de acuerdo en conseguir mejoras fiscales para las jubilaciones, detallando que, aunque cualquier mutualista pude cambiarse al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), que reciban el dinero invertido no es competencia suya sino de la Seguridad Social, que ya se mostró en contra en su momento.

En España hay unos 208.000 abogados mutualistas, de los que 66.000 tienen la Mutualidad como sistema alternativo al RETA.

Hasta 1995 los abogados solo podían tener la Mutualidad, y en ese momento se dio la posibilidad de que perteneciesen al régimen general de autónomos, pero perdiendo lo invertido previamente; y desde 2005 el sistema de la Mutualidad dejó de funcionar como una caja común y pasó a ser como un fondo individual.

Ahora, en los últimos meses, cientos de letrados de toda España han exigido un cambio en un "modelo fracasado de cotización alternativa, impulsado desde la Mutualidad y los colegios profesionales, y amparado por el Estado", cuya solución, entienden, "pasa por abrir una pasarela o ventana de traslado voluntario e individualizado de los fondos acumulados en la Mutualidad al RETA y la integración de los mutualistas en el sistema público de pensiones".

Así lo sostiene el Movimiento J2 en un comunicado en el que explica que este colectivo, creado espontáneamente gracias a WhatsApp y las redes sociales, aglutina a miles de abogados que exigen que se de una solución a "un drama social que el Estado ha permitido, no ha controlado y no ha supervisado correctamente".

Su reivindicación es respaldada por colectivos como la Asociación Libre de Abogados (ALA) o el Sindicato de Abogados Venia.

"Llevo dieciséis años colegiada y los mismos como mutualista, he pagado 25.000 euros porque en su día tanto el Colegio como la Mutualidad me dijeron que era lo más adecuado, que pagando lo mismo podría tener mejores prestaciones que en el RETA... pero ahora vemos que nos quedará una pensión menor, y no puedo cambiarme al sistema público si quiero irme con mi dinero", explica a EFE la letrada Belén García.

Ahora le calculan una pensión de 500 euros para dentro de 23 años, con doce pagas al año en lugar de las catorce que cobraría si perteneciese al RETA, y sin actualizar con el IPC, detalla.

Belén García lamenta que si se cambiara ahora al sistema público sus años cotizados "empezarían de cero".

Por eso ella y otros compañeros acudirán el sábado por la mañana a la concentración convocada en la calle Eduardo Dato de Madrid, a las puertas de la Asamblea General de la Mutualidad de la Abogacía, para exigir una reforma legal.

Desde la Mutualidad se han mostrado "dispuestos a buscar soluciones siempre y cuando la ley lo permita, y que las peticiones de esta minoría del colectivo de mutualistas alternativos (unas 1.000 personas aproximadamente) no perjudiquen al conjunto global de los mutualistas (210.000)".

El organismo recuerda que hay habilitadas diferentes herramientas de concienciación financiera para los mutualistas, y por ejemplo desde 2018 informan cada trimestre a cada mutualista de la pensión esperada a la jubilación.

Sobre este asunto se ha manifestado esta semana el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que trabajará por conseguir una solución, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los colegiados y que la Mutualidad tiene una "solvencia máxima".

El ICAM ha encargado la elaboración de informes independientes para tener conocimiento completo de la situación y se ha dirigido a dirección de la Seguridad Social para ver la posibilidad de habilitar una pasarela al RETA.