Nuestro interlocutor constata, a través de la documentación que atesora, que desde 1953 los sucesivos gobiernos han cuestionado el porqué de los Colegios de Abogados, una entidad “clave por su independencia jurídica y económica para preservar el Estado de Derecho y defender los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Desde Reus, ciudad natal de la que fue decano trece años, Pere Huguet presenta su candidatura a la presidencia del CGAE, con el convencimiento que su experiencia de vicepresidente de la entidad y conocimiento de la institución, son un valor a tener en cuenta para merecer ese cargo el próximo 14 de enero:” Es el momento de abrir una nueva época en la que el CGAE de un paso al frente en materia de transparencia e información interna a los abogados colegiados”, opina. Para este abogado, experto en nuevas tecnologías es fundamental que el letrado sienta muy próximo al propio Consejo y al Colegio en la defensa de sus intereses profesionales.
“Tenemos que anticiparnos en la próxima legislatura y ser capaces de reunirnos con los diferentes partidos políticos para que impulsen una nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales que proteja la independencia de los Colegios de Abogados. Al mismo tiempo, los abogados debemos liderar el futuro Pacto de Estado por la Justicia”, resalta.
SU PERFIL
Por encima de todo soy abogado de juzgado. Reconozco que me siento feliz cuando sé que ese día voy a ir a juicio. Tengo la suerte de ser un enamorado de mi profesión. Sobre las tecnologías, reconozco que me interesa mucho todo este mundo, siempre digo que soy “aficionado avanzado” en estos temas. Gracias a estos conocimientos me he convertido en un experto en el derecho de las nuevas tecnologías, lo que hace que pueda dar conferencias sobre estos temas, dentro y fuera de España.
He sido trece años decano del Colegio de Reus y otro tanto vicepresidente del CGAE, experiencia que creo que puede ayudarme para gestionar el propio CGAE, entidad que conozco bien y que debe ponerse al día. Hace doce años un grupo de decanos en el Congreso de Salamanca apostaron por la modernización de la abogacía. De ahí surgió Redabogacía, empresa que ha gestionado la parte tecnológica de nuestra profesión y que he tenido la suerte de gestionar junto a un cualificado grupo de profesionales. Sin esa apuesta tecnológica que se hizo en su momento, con un Plan Tecnológico a cuatro años que se puso en marcha, ahora no podríamos afrontar lo que llega con Lexnet y el expediente digital electrónico.
¿Por qué se presenta Pere Huguet a estas elecciones a la presidencia del CGAE?
Hay dos razones que me empujan a hacerlo. En primer lugar, creo que puedo realizar un excelente servicio a la abogacía desde la presidencia del Consejo. Si no tuviera esa intuición no me hubiera presentado a estos comicios. Al mismo tiempo, es el momento adecuado para que alguien con mi perfil sea presidente de esta institución.
En segundo lugar, cuando muchos de mis compañeros decanos supieron que Carnicer no se presentaba a la reelección, tuve muchas peticiones suyas de que me presentase a estas elecciones.
De todas formas, entiendo que usted quiere aclarar que su relación con Carlos Carnicer no continúa ahora, y que su candidatura no depende de nadie…
Bueno hay que aclarar que, para mayor transparencia en el proceso electoral, dimití hace dos días del cargo de vicepresidente del CGAE. Creí que era bueno encarar la campaña electoral de esta forma, sin ningún privilegio.
Sobre su pregunta, siempre le estaré agradecido a Carlos Carnicer su apoyo en la gestión del proyecto tecnológico de nuestra institución. Sin esa visión de futuro que se tradujo en un encargo hacia mi persona en el Congreso de la Abogacía de Salamanca del 2003, no estaríamos aquí ahora.
Pero, efectivamente. En este momento las carreras de Carlos Carnicer y la mía se separan. Sé que habrá que guardar todo lo positivo que se ha hecho en estos años, pero este es el momento de afrontar una nueva época.
En esa nueva época, es evidente que habrá que abordar cargos internos en el propio CGAE y trabajar mejor las relaciones con las diferentes administraciones. Gracias a la propia gestión de Carnicer podemos afrontar el futuro con garantías.
¿Cómo concibe esa nueva época, entonces?
Se requiere nuevos planteamientos en este escenario nuevo al que la abogacía se va enfrentar en los próximos años.
A nivel interno, hay que trabajar mucho más en la transparencia de cara a que Colegios y sobre todo abogados conozcan qué hace el CGAE. Estoy seguro que muchos colegas nuestros no advierten el trabajo que se hace en todas las Comisiones de la institución.
En esta actividad, estoy seguro que gracias a las tecnologías de la información se logrará esa mayor visibilidad de lo que es el órgano principal de representación de la abogacía.
A este respecto somos conscientes de la necesidad de que los Plenos del propio Consejo tengan más transcendencia y pueda haber, al final de cada uno, una rueda de prensa para comentar los temas más destacados.
Sobre el sistema actual de designación de presidente y Consejeros, ¿·Es partidario de abrirlo para que el abogado de a pie pueda votar?
Todo es una cuestión de concepto, que creo está claro. El Consejo no es un organismo de representación de los abogados y si de los 83 Colegios que existen en estos momentos. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro.
Hay que darse cuenta que su nombre anterior era Consejo General de los Colegios de Abogados de España. Desde esta perspectiva, quien tiene que tomar parte de los órganos de gobierno de esta entidad, son precisamente los propios Colegios.
Creo que el sistema de elección de presidente y Consejeros está bien regulado en los Estatutos. Al mismo tiempo, la propia Ley de Servicios y Colegios Profesionales contempla esta situación que le describo. El sistema es el que tiene que ser.
Y en este sistema, ¿No cree que ya ha llegado el momento de limitar el mandato de presidente de la entidad, como pasa en otras profesiones?
Es posible que deba regularse la permanencia máxima del presidente del CGAE en su puesto. Pero no es una tarea fácil encontrar el punto de equilibrio que usted señala entra esa renovación y el aprovechar el capital humano de profesionales cualificados.
Este es un tema que habrá que abordar en la próxima legislatura, con el nuevo Gobierno ya configurado, de cara a ver cómo se gestiona esos cambios de los que estamos hablando. Es posible que la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales lo regule, aunque me consta que en alguna CCAA ya se habla de alguna limitación al trabajo del presidente.
Sobre la estructura actual, de 83 Colegios de Abogados, ¿Se puede mantener en el futuro, o habrá que buscar cambios para simplificarla?
Espero que sí. Y le diré por qué. La estructura actual de la que usted me pregunta no es un capricho de los abogados. En otros países como Francia, hablamos de más del doble de Colegios que en España, 163, si no recuerdo mal. Al lado de cada Tribunal hay una entidad colegial. Se trata de garantizar el derecho a la defensa.
En cualquier Estado de Derecho la situación es parecida a la de Francia y España. No se entiende la justicia sin entidades, como los Colegios de Abogados, independientes jurídica y económicamente en nuestra democracia. Nuestro mapa de entidades colegiales corresponde al citado criterio. Esto supone creer realmente en la justicia de proximidad.
Y la gestión interna del CGAE, donde en muchas ocasiones un colegio es un voto,¿ hay que mantenerlo, o darle un giro de ciento ochenta grados?
Creo que el sistema proporcional de votos que existe ya es suficiente en este terreno de la toma de decisiones. Ya está reflejado en el Estatuto General de la Abogacía y proviene de un acuerdo del Congreso de la Abogacía de Sevilla donde se habla ya del a mayoría cualificada para muchos acuerdos del Pleno del CGAE que represente la mayoría de abogados ejercientes. Solo en algunas cuestiones, de menos importancia, se establece el voto individual y del mismo valor de cada Consejero asistente.
Respecto a la relación de la abogacía con la Administración ¿Qué habría que hacer para que se oyera más la voz de la abogacía en las instituciones?
De la última legislatura que acabamos de finalizar, solo se puede salvar la gestión del Ministro Catalá, muy diferente de la de su antecesor. Pero en quince meses poco se ha podido hacer para que avance nuestra justicia hacia su modernización.
Sobre su pregunta, creo que los abogados hacemos mucho más de lo que se conoce. Es posible que haya que mejorar la comunicación para ser más visible. Pero está claro que el CGAE realizó actividad de lobby para frenar el actual anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales que al final se aplazó para la próxima legislatura.
Sin embargo, vuelvo a la transparencia hacia los compañeros abogados. Los compañeros tienen que sentir el CGAE como suyo porque junto con los Colegios defienden su profesión de injerencias externas y tienen que verlo y sentirlo.
Es evidente que la próxima legislatura ofrece muchos retos al futuro presidente del CGAE...
Aquí es fundamental hacer una labor de anticipación. Creo que el mapa político actual es ideal para que nuestro mensaje profesional cale en los parlamentarios. La idea sería negociar con ellos una Ley de Servicios y Colegios Profesionales que modernice nuestra estructura profesional y respete la independencia de las propias entidades colegiales.
Esta cuestión de independencia es clave en los Colegios de Abogados. Sin Colegios de Abogados independientes no puede haber un Estado de Derecho.
Y sobre el Pacto de Estado por la Justicia, ¿cuál debe ser el papel de la abogacía?
Creo que por su preparación y experiencia a nivel normativo, la abogacía debe ser uno de los operadores que lidere dicho Pacto de Estado. Es evidente que no hay justicia sin abogados y es fundamental que se oiga nuestra voz en las instituciones. Será otra de las prioridades si soy elegido presidente, que se impulse ese Pacto de Estado por la Justicia. Desde aquí se podría despolitizar sus órganos de gobierno y dotar de medios a la propia administración de justicia para tener una justicia ágil y eficaz.
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