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  • El aumento de un 10,6% se debe a la recuperación de los baremos -tras los fuertes recortes realizados durante la crisis- en el territorio del Ministerio de Justicia y en comunidades como Madrid, Valencia, Andalucía, País Vasco, Navarra, Asturias, Cantabria y Galicia
  • La inversión media por ciudadano es de 5,76 euros por año, mientras que el abogado de oficio recibe 142 euros por expediente
  • El gasto en Violencia de Género continúa su tendencia al alza con más de 9,5 millones de euros y un incremento del 10,4%
  • Uno de cada tres abogados pertenece al Turno de Oficio. Práctica igualdad de género en Justicia Gratuita: de los 46.130 abogados adscritos al Turno de Oficio, 22.035 son mujeres (48%), porcentaje que llega el 54% en el Servicio de Violencia de Género
  • Accede aquí al Manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio

La inversión total destinada por las distintas Administraciones Públicas a la Asistencia Jurídica Gratuita en España ha alcanzado durante 2018 los 269 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,6% con respecto a 2017, cuando se invirtieron 243,2 millones de euros en este servicio que es imprescindible para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

 

Entre las causas de este incremento a nivel nacional, cabe destacar la subida de baremos en el llamado Territorio Común tras más de 15 años de congelación. La presión continuada de la Abogacía durante los últimos años y especialmente en 2018 provocó que el Ministerio de Justicia finalmente desbloqueara los pagos atrasados del Turno de Oficio y se comprometiera a realizar su abono mensualmente, así como anunciar la actualización -un 30% de media- de los baremos de la Asistencia Jurídica Gratuita, incluso antes de su publicación en noviembre en el BOE.

Al margen de esta actualización de honorarios, algunas comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas también revertieron los recortes realizados durante la crisis. Madridlos incrementó en 2018 un 3% respecto a 2017, recuperándose por fin el 20% de reducción que impuso en 2012 pero con unos módulos que siguen sin actualizarse con el IPC. La Comunidad Valencianarealizó una importante revisión de baremos para que los abogados y abogadas recuperaran el nivel adquisitivo de 2005. En Andalucía se subieron los módulos cerca de un 11%, mientras que Cantabria actualizó en un 0,6% sus baremos del Turno de Oficio. Por su parte Navarra incrementó en una media del 11,5% las compensaciones económicas y el País Vasco actualizó los baremos en un 2% de manera general y un 10% en módulos “específicos”. En Asturias, los baremos se actualizaron en un 1,5% de enero a junio y un 1,75% de julio a diciembre. Galicia actualizó los honorarios pero este incremento no se ha trasladado a la inversión en Justicia Gratuita debido el descenso del número de asuntos por los cuatro meses de huelga en la Justicia gallega.

Con esta recuperación de las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al Turno de Oficio se vuelve al nivel de inversión en Justicia Gratuita de hace 10 años: en 2009 el gasto superaba los 266,6 millones de euros.

La inversión media por ciudadano destinada a Justicia Gratuita es de 5,76 euros por año. La retribución media que percibe el abogado del Turno de Oficio por cada expediente es de 142,29 euros.

CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA ACUMULAN EL 53% DE LA INVERSIÓN

Cataluña continúa siendo la comunidad autónoma que más invierte en Justicia Gratuita con 56,5 millones de euros y un incremento superior al 3% con respecto a 2017. A continuación se encuentra Andalucía con 42,3 millones de euros y un incremento de casi el 7%, desbancando a Madrid que ocupa el tercer lugar con 42 millones de euros y una subida del 4%. Estas tres comunidades autónomas acaparan el 53% de las inversiones totales de toda España en Justicia Gratuita.

Comunidad Valenciana y Canarias ocupan los siguientes puestos con una inversión en Justicia Gratuita de 35,5 y 13,8 millones respectivamente, seguida de País Vasco con 13,3 millones de euros. Galicia, con 9,7 millones de euros y un 3,5% menos con respecto a 2017, es la comunidad que más ha reducido la inversión en Justicia Gratuita con respecto al año anterior, debido principalmente a los cuatro meses de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia gallega. 

TURNO DE OFICIO, EL MAYOR INCREMENTO DE INVERSIÓN (12%)

El Turno de Oficio acapara durante 2018 la mayor parte de la inversión con 186,5 millones de euros (69,4 % del total del gasto en Justicia Gratuita) y un incremento del 12% con respecto a 2017. Dentro del Turno de Oficio, la jurisdicción que cuenta con mayor inversión es la Penal con 103,9 millones de euros y más del 55% del gasto total destinado a este servicio. A continuación se encuentra Civil con 49,7 millones de euros (26,7%), Contencioso-Administrativo con 8,8 millones (4,7%) y Social con 4,8 millones y el 2,6% de la inversión total en Turno de Oficio.

 

En Asistencia Letrada al Detenido el aumento ha sido de un 9% alcanzando 49,9 millones de euros; mientras que la compensación que perciben los Colegios de Abogados por los Gastos de Infraestructura supuso 23 millones de euros, un 2,6% más que en 2017, con una clara tendencia a la estabilización de este gasto por la implantación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que reduce los costes y rebaja notablemente los tiempos de tramitación de documentación por los ciudadanos.

En Violencia de Género continúa la tendencia de subida de años anteriores con un incremento del 10,4% con respecto a 2017 y un importe que supera los 9,5 millones de euros.

CERCA DE 1,9 MILLONES DE ASUNTOS ATENDIDOS

Durante 2018 los 83 Colegios de Abogados con presencia en toda España atendieron 1.890.250 asuntos del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita lo que supone un incremento del 3,7% con respecto a 2017 cuando se gestionaron 1.822.419. Hay que tener en cuenta que cada uno de los más de 837.000 expedientes remitidos por los Colegios de Abogados a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita ha podido generar diversos asuntos por la presentación de incidentes procesales, la interposición de recursos, la generación de nuevos procedimientos.

Teniendo en cuenta los diferentes servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, casi el 63% de los asuntos, más de 1.189.000, son del Turno de Oficio, mientras que más de 642.000 corresponden a la Asistencia Letrada al Detenido (34%). El Servicio de Violencia de Género atendió en 2018 a 58.490 asuntos que suponen más del 3% del total atendido.

Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma con más asuntos atendidos. Durante 2018 tramitó más de 430.700 solicitudes de ciudadanos con casi el 23% del total gestionado a nivel nacional. A continuación se encuentra Cataluña con cerca de 357.000 asuntos que suponen el 19% del total.

A través de los Colegios de Abogados o mediante presentación de escrito en los juzgados, los ciudadanos tramitaron más de un millón de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita en 2018. Los 83 Colegios de Abogados –tras el análisis pertinente de estas solicitudes- remitieron más de 837.000 expedientes a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (organismos dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia), de los que se ratificaron una media del 82%. Andalucía, Ceuta, Aragón y Castilla y León superaron el 90% de expedientes confirmados.

SIGUE EL AUMENTO DE ABOGADAS ADSCRITAS AL TURNO DE OFICIO: MÁS DE 22.000 LETRADAS

A 31 de diciembre de 2018 los abogados adscritos al Turno de Oficio fueron 46.130, lo que supone un leve incremento del 0,3% con respecto a 2017 cuando había 46.011 letrados registrados en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por servicios, más de 38.500 abogadas y abogados desarrollan su actividad profesional en Asistencia Letrada al Detenido y 21.132 están adscritos al Servicio de Violencia de Género.

Por segundo año consecutivo se ofrece el dato de los letrados y letradas adscritos al Servicio de Extranjería donde hay 11.575 abogados.

 

Destaca el camino hacia la igualdad ya que sigue el aumento del número de abogadas adscritas al Turno de Oficio que alcanza ya el 48% con 22.035 letradas, lo que sucede en todos los servicios. Un total de 18.499 abogadas atienden el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido (también el 48% del total), mientras que en Violencia de Género, el número de abogadas adscritas supera con creces al de hombres, con 11.342 letradas -54% del total- frente a los 9.791 abogados registrados y en el de Extranjería, el número de abogadas está prácticamente equiparado al de hombres: de los 11.575 letrados, 5.658 son mujeres (49%).

A 31 de diciembre de 2018, los 83 Colegios de Abogados tenían censados 143.205 letrados y letradas ejercientes, lo que supone que más del 32% de los abogados y abogadas esté prestando el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Prácticamente, uno de cada tres abogados está adscrito al Turno de Oficio.

Por otro lado, el número de quejas realizadas en los Colegios de Abogados por los ciudadanos en 2018 fue de 5.733 (un 9% menos que en 2017 cuando se recibieron 6.294 quejas de ciudadanos), de las que 4.181 fueron archivadas y 247 acabaron convirtiéndose en expedientes sancionadores a abogados del Turno de Oficio.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA: MÁS DE 680.000 SOLICITUDES

En 2018 se tramitaron 680.227 solicitudes de ciudadanos para gestionar por vía telemática su expediente de Justicia Gratuita, lo que supone un incremento superior al 0,6% con respecto a 2017, cuando los Colegios de Abogados tramitaron 676.027 solicitudes con esta herramienta tecnológica.

Estos datos confirman que, año tras año, el uso que hacen los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita continúa su incremento. De hecho, desde 2010 –cuando se tramitaron más de 200.000 expedientes electrónicos- se ha superado con creces, al verse multiplicado por más de tres, el número de solicitudes tramitadas con esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, estatales y autonómicas. La misma se caracteriza por proporcionar una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitar sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.

En 2018, Andalucía fue la Comunidad Autónoma que más expedientes electrónicos generó con 123.597 solicitudes, seguida de Madrid con 108.441, Valencia 107.095 y Cataluña en la que se tramitaron 90.729 expedientes a través de las corporaciones colegiales.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS

El Comité de Expertos que participa en el Observatorio de Justicia Gratuita, formado mayoritariamente por personalidades ajenas al mundo de la abogacía, elabora sus Recomendaciones con las finalidades de alcanzar un Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita más eficiente, que cuente con una mayor sostenibilidad económica, que se oriente hacia una mayor calidad y que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas.

Los expertos consideran, entre otras actuaciones, que es necesario:

  • Intervención preceptiva letrada en los casos de asilo y protección internacional, más allá de la asistencia en fronteras. La entrevista del profesional con el defendido debe garantizar la confidencialidad y se hará de forma individual
  • Asesoría letrada a víctimas de Violencia de Género previa a la denuncia y a su intervención en la comparecencia de la orden de protección, que en ambos casos será preceptiva
  • Necesidad de acompasar los requisitos económicos de acceso al beneficio de Justicia Gratuita con el actual importe del Salario Mínimo Interprofesional
  • Crear un organismo de seguimiento y observación del sistema propiciando la homogeneización de los criterios de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

El XIII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita Abogacía Española-Wolters Kluwer es el resultado del análisis de más de 7.500 datos aportados por los 83 Colegios de Abogados existentes en España.

La presente edición se ha elaborado teniendo en cuenta el funcionamiento propio de cada comunidad autónoma, la incorporación de mejoras reflejada en la información comparativa de la evolución de importes certificados entre años, así como el cambio de baremos aplicado en algunas de las mismas.




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