La Abogacía reclamó este viernes en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para garantizar la sostenibilidad del sistema, ampliando las actuaciones cubiertas y mejorando la retribución de los profesionales que ejercen el turno de oficio.
“La Ley de 1996 era magnífica pero al cabo de 25 años exige una reforma para adaptarse a las necesidades de la sociedad”, afirmó Victoria Ortega, presidenta del Congreso General de la Abogacía Española, en la inauguración de la jornada “El futuro de la Justicia Gratuita” en el Congreso.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, destacó que el actual sistema “es un buen ejemplo de colaboración y trabajo conjunto que podemos calificar de éxito, no sin reconocer que queda camino por recorrer”.
En este sentido, Batet se refirió a la necesidad de plantear una “progresiva extensión del sistema a nuevos ámbitos, como procedimientos administrativos en materia de extranjería, mediación o acusación penal”.
Y destacó que este sistema “redunda en beneficio de toda la sociedad, porque mediante la solidaridad se evita la fractura social. Se trata de asegurar la cohesión social, en un momento en que estamos saliendo de una crisis social y económica provocada por la crisis sanitaria”.
Tanto Ortega como Batet tuvieron palabras de agradecimiento para los 45.000 abogados que ejercen el turno de oficio -uno de cada tres del total de colegiados-. “Son el orgullo de la abogacía”, aseguró Ortega.
Antonio Morán, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, afirmó que es necesario cambiar la ley para garantizar que el sistema sea “equilibrado y sostenible”: “Para mantener el sistema el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos que cualquier ciudadano que tenga que ir a juicio porque el Estado así lo ha previsto en sus leyes va a tener una asistencia satisfactoria”.
“Si las leyes procesales establecen la obligatoriedad de la abogacía, ¿qué pasa cuando los abogados tienen que prestar servicios y no hay un reconocimiento posterior de justicia gratuita? Hay que compensar, aunque sea mínimamente, ese esfuerzo profesional que se realiza”, reclamó.
Morán pidió que una futura ley introduzca criterios para garantizar que haya una homogeneidad entre todas las comunidades autónomas, porque actualmente hay diferencias entre unas y otras tanto en los servicios cubiertos por la justicia gratuita como en la retribución de los abogados.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Jose María Alonso, pidió que se amplíen las actuaciones letradas cubiertas por la asistencia jurídica gratuita: “Desde el mismo momento en que un juez requiere la intervención de un abogado al Colegio el abogado tiene derecho a ser compensado, tienen que generarse automáticamente sus honorarios. Ningún abogado ni abogada debe trabajar gratis”.
Y detalló una serie de casos en los que la asistencia letrada es preceptiva y, sin embargo, no están contemplados por la asistencia jurídica gratuita, como la asistencia a personas jurídicas en procedimientos penales, los macrojuicios o las reclamaciones previas vía administrativa.
También reclamó que se pague la intervención del abogado o abogada en los procesos de mediación, de segunda oportunidad o cuando ejerce la acusación particular. “¿Por qué alguien sin recursos no tiene derecho a ejercer la acusación particular?”, preguntó.
Alonso pidió además que se actualicen los criterios para la retribución de los profesionales, que calificó de “vergonzosa” (la media que un abogado de oficio cobra por asunto es de 153,14 euros, según el último Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española).
Y es que, como señaló Morán, “el servicio se presta pero como todo servicio público tiene que ser compensado, porque si no se producen disfunciones que van en detrimento del ciudadano”. Morán se refirió también a la necesidad de revisar los criterios económicos para la concesión de la justicia gratuita (actualmente el referente es el IPREM) y de que el Estado financie la necesaria formación especializada de los letrados.
Los portavoces de los principales grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de reformar la Ley para garantizar la sostenibilidad del sistema, mejorar las retribuciones de los profesionales de la abogacía y ampliar su cobertura. Sin embargo, no dieron detalles de cuándo podría empezar a tramitarse esta reforma.
Francisco Aranda, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aseguró que “hay elementos suficientes para poder llegar a acuerdos y modificar una norma que necesita una nueva mirada”. En este sentido, apuntó que habría que analizar “la ampliación del servicio a más colectivos vulnerables”, y también a personas jurídicas por designación. También se mostró favorable a estudiar la incorporación de los Medios Adecuados de Resolución de Controversias (MASC), y recordó que las tres Leyes de Eficiencia que están en trámite de aprobación -Procesal, Organizativa y Digital-, traerán importantes cambios que también afectarán a la Justicia Gratuita.
Los portavoces destacaron la necesidad de ampliar la cobertura a nuevas realidades como la segunda oportunidad y de financiar la formación de los profesionales. Y elogiaron todos el importante papel de los Colegios y los abogados del Turno de oficio para garantizar el acceso a la justicia, especialmente durante la parte más dura de la pandemia.
“Queremos que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita represente y dignifique a uno de los mayores patrimonios de nuestro país, los Colegios de Abogados y los abogados de oficio, capaces de llegar hasta al pueblo más pequeño de España y atender cualquier problema de los ciudadanos”, señaló Luis Santamaría, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Para que su partido apoye un nuevo texto de la Ley, señaló que el Gobierno deberá “asumir compromisos presupuestarios claros y mejorar la formación y la especialización de los profesionales”. También señaló la importancia de “avanzar en la homogeneización de los servicios del turno, para que sean iguales para todos, independientemente de su lugar de residencia”,
Para Patricia de las Heras, del Grupo Parlamentario Vox, “el servicio de Justicia Gratuita es excelente, pero las condiciones en las que lo ejercen los que lo prestan no lo es tanto”. Entre estas condiciones que hay que mejorar, citó las remuneraciones de los abogados, que “por su cuantía irrisoria son una indemnización, pero tributan IRPF”.
Por su parte, Juan Ignacio López-Bas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, destacó que el servicio “funciona excelentemente bien gracias a los profesionales y la labor que se hace desde los Colegios de Abogados” y coincidió en que se “hace necesario acelerar el proceso de revisión de la ley”.
En la clausura de la jornada, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, se mostró partidaria de “una nueva ley”, entre otras cosas para mejorar las retribuciones –“una urgencia inexcusable”- y expresó su convencimiento de que esta nueva ley “puede concitar el apoyo generalizado de las fuerzas parlamentarias”.
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