El acuerdo fue firmado por la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, y por Álvaro Sánchez, presidente de la institución costarricense en la sede del Consejo.
“Es un avance para ambas abogacías, y también para los derechos humanos porque va ligado al acceso a la justicia”, afirmó Sánchez, quien también destacó que la importancia de que Costa Rica se haya adherido al “amparo colegial” con el objetivo de “garantizar los principios de independencia y libertad de defensa de los abogados y abogadas en sus relaciones con la Administración de Justicia y los poderes públicos”.
Ambas instituciones se comprometen a fomentar la libertad de expresión, a combatir “la cultura de odio, que se genera a través de la violencia en las redes sociales” y a intercambiar información sobre nuevas disposiciones legales, tendencias jurídicas y tecnologías innovadoras. También sobre el marco ético-jurídico para realizar actividades económicas, especialmente temas mercantiles, comerciales, tributarios y migratorios.
También acuerdan compartir conocimiento sobre ciencia jurídica dentro de la formación jurídica que prevén ambos organismos, con especial énfasis al el Derecho Internacional Humanitario “para que los responsables de la perpetración de los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión sean juzgados, como corresponde ante la Corte Penal Internacional”, afirma el Convenio.
La abogacía española ha firmado convenios de colaboración similares con las abogacías de Ecuador, Argentina, Brasil, Cuba, México, Chile, Irlanda, Inglaterra, Gales y Croacia.
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