El Consejo General de la Abogacía Española prosigue esta semana con continuos contactos con el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial para insistir en su reclamación de que en toda España se materialice la asistencia al detenido y a las víctimas de violencia de género de forma telemática, tanto en sede policial como judicial. La Institución considera que la prestación de estos servicios esenciales a través de vías electrónicas es la mejor garantía para minimizar los riesgos de contagio y para contribuir a frenar la extensión de la epidemia del Covid-19. Asimismo, los responsables del Consejo están insistiendo en que, cuando no sea posible la prestación telemática, todos los intervinientes deben guardar las medidas básicas de seguridad, como la utilización de instalaciones amplias y, siempre que sea posible, la utilización de guantes y mascarillas. En ningún caso hacerlo en calabozos.

Los representantes de los abogados españoles también están trasladando al Gobierno  la necesidad buscar fórmulas para amortiguar el grave quebranto económico que está suponiendo esta crisis para un abultadísimo número de profesionales de la abogacía. Dando por buenas algunas medidas en relación con los autónomos, el Consejo considera que deben buscarse otras fórmulas para auxiliar a los profesionales que están viviendo una situación más complicada.

Además de lo ya expuesto, la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, llevará éstas y el resto de las reivindicaciones de la Abogacía a la próxima reunión de la comisión de coordinación de la Justicia generada para esta crisis y a la que ha sido convocada como representante de la Abogacía española. El Consejo está trabajando con todos los colegios españoles para buscar fórmulas que alcance a todos los abogados que puedan encontrarse en dificultades por el cese de la actividad, así como a anticiparse a las necesidades que surgirán cuando el estado de alarma deje de estar en vigor.