El Consejo General de la Abogacía e Instituciones Penitenciarias pondrán en marcha en breve un proyecto por el que cualquier letrado podrá ponerse en contacto con cualquier prisión española donde esté su cliente a través de videoconferencia. Así lo ha anunciado Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, durante la inauguración de las XXII Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, una ampliación a nivel nacional de los proyectos piloto ya puestos en marcha en Málaga y Madrid para que los letrados puedan realizar su labor de asesoramiento también mediante videoconferencia con salas que cumplen todas las garantías en la propia sede colegial.
“Si se pregunta en qué momento de la vida haría falta un abogado, la mayoría de las personas contestarían que cuando perdieran la libertad”, ha señalado. Por eso “es muy importante vuestra labor” en éste ámbito y “podéis estar orgullosos de ser capaces de seguir acudiendo a los centros penitenciarios sólo con el fin de asistir a los internos”, ya que “sois de los pocos profesionales extrapenitenciarios que lo hacen”, ha apuntado.
Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, también ha destacado “el orgullo” que siente la profesión hacia los abogados que prestan servicio en los centros penitenciarios, y ha reclamado que para que el valor de los SOJ Penitenciarios se afiance y crezca, sería necesario acometer cambios que propicien este objetivo, como “la integración de la asistencia jurídica penitenciaria en el sistema ordinario de Justicia Gratuita”, algo que ha lamentado que no se entiende que siga sin materializarse.
Además de esta propuesta, Ortega ha apuntado otras incluidas tanto en las conclusiones anuales de estas mismas jornadas celebradas el año anterior como en las recomendaciones recogidas en el último Informe del Observatorio de Justicia Gratuita, como “la ampliación de los SOJ Penitenciarios en los Colegios donde exista centro penitenciario”, para garantizar la asistencia jurídica en las actuaciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria; “reforzar la formación y sensibilización de todos los profesionales que trabajan en el ámbito penal y penitenciario”, sobre cumplimiento de tercer grado en los centros de inserción social o en sección abierta; “propiciar el acceso de la persona presa y de su defensor al expediente penitenciario completo” o introducir “la perspectiva de género en la intervención penitenciaria” teniendo en cuenta las especiales necesidades de la población reclusa femenina.
La presidenta de la Abogacía también ha recordado la preocupación de la Abogacía por las condiciones de trabajo de los abogados en las prisiones cuando comenzó la pandemia, y las reivindicaciones que se hicieron para mejorarlas y garantizar su seguridad, unas reivindicaciones que encontraron la mejor predisposición por parte de Instituciones Penitenciarias
Finalmente, Blanca Ramos, decana del Colegio de Abogados de Pamplona y presidenta de la subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo, ha cerrado la inauguración recordando que “no hay mayor signo de civilización que el respeto a los derechos de las personas más desfavorecidas”, y durante su intervención también ha recordado el anuncio realizado el día anterior por Ángel Luis Ortiz por el que en 2021 se pondrán en marcha en diversas prisiones cabinas de teléfono para que los internos puedan realizar videollamadas a cobro revertido o dejar mensajes de voz con sus familiares. “Debemos seguir trabajando para contribuir a que de verdad, los Derechos no cumplan condena”, como dice el lema de las jornadas, ha concluido.
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 100.2 DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO
Tras la inauguración, la primera mesa -moderada por la vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario de la Abogacía Ana Arranz– ha analizado la flexibilización de la clasificación y tratamiento penitenciario, en concreto el art. 100.2 del Reglamento Penitenciario.
El fiscal de Sala Coordinador de Vigilancia Penitenciaria, Jaime Moreno Verdejo, tras recordar que el art. 100.2 “no es un tercer grado” ha defendido la “necesidad de una reforma de este artículo con unos claros requisitos para que haya un tratamiento más flexible y humano”. El fiscal ha recordado que hasta 2010 el art. 100.2 tuvo muy poca aplicación con 70.000 reclusos y su objeto fue rebajar las penas de un Código Penal muy duro; a partir de ahí bajó el número de internos. También ha reconocido que esta norma “tiene un alto grado de discrecionalidad, como todo un régimen penitenciario que atiende situaciones personales”. Además, ha abordado el auto del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2020 que realiza unificación de doctrina y el Alto Tribunal entiende que si es clasificación del recluso corresponde su competencia al tribunal sentenciador; mientras que si es tratamiento penitenciario, sería la Audiencia Provincial.
Por su parte, Carlos García Castaño, vocal de la Subcomisión de Penitenciario de la Abogacía, ha defendido la necesidad de “una norma que regule las competencias de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y que el 100.2 regule el régimen de vida” de los internos. La Ley Penitenciaria fue la primera ley orgánica aprobada por la democracia, pero desde entonces “las reformas han ido reduciendo los derechos penitenciarios y los pasos atrás han sido permanentes”. El abogado ha considerado necesaria la urgente unificación de la ejecución y dar todas las competencias a los jueces de vigilancia penitenciaria porque sobre este asunto ha considerado que el “tribunal más adecuado es cualquiera menos el tribunal sentenciador”.
LA PROBLEMÁTICA DE LAS MUERTES EN PRISIÓN: CAUSAS Y PREVENCIÓN
Las muertes que se producen en un centro penitenciario, sus causas principales, los métodos de prevención que se ponen en marcha para evitarlas en la medida de lo posible y el punto de vista de los internos y sus familias han sido el objeto de debate de la primera de las mesas de la Jornada, protagonizada por Miguel Ángel Vicente Cuenca, director general de Ejecución Penal y Reinserción Social y Jorge del Cura Antón, activista y premio Nacional de Derechos Humanos 2019 otorgado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y moderados por Cándida Fernández Bravo, vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española.
Miguel Ángel Vicente ha destacado que siempre existe “preocupación cuando sucede una muerte en prisión, sea una o sean cien” y ha ofrecido ciertos datos, como que la media de fallecidos en los últimos 5 años es de 164 personas, de los cuales cerca de la mitad fallecen por causas naturales, en torno a un 20% por suicidios y sobre un 18% por sobredosis. Para intentar evitarlas, “se establecen procedimientos que tienden a anticipar y por tanto a evitar”. En lo que se refiere a sobredosis, “se desarrollan programas que aminoren este impacto”, como “de tratamiento de drogodependencias con actividades básicamente preventivas, tanto sanitarias como terapéuticas, así como dirigidas a evitar la entrada de las sustancias en prisión, un binomio complejo entre la seguridad y el impacto que puede tener en los internos estas medidas”, ha añadido.
En cuanto a la prevención de suicidios, aunque ha señalado que en España “tenemos una tasa por debajo de la tasa europea, en torno al 5%”, aún así “sigue siendo preocupante”. En este sentido, ha informado que se realiza una evaluación permanente de casos de suicidios consumados o intentados y se intenta procesar la información y devolverla a los centros para que tengan más herramientas para prever o anticiparse”. Siempre que se produce un suicidio, en grado de tentativa o consumado, “se analiza por qué ha sucedido, qué se podía haber hecho y qué estrategias se pueden poner en marcha en el futuro para evitarlo”, ha explicado.
Finalmente, en cuanto a los internos que padecen una enfermedad grave o incurable, Vicente ha asegurado que las peticiones que se realizan para aplicar permisos en estos supuestos se asumen y son favorables en el 95% de los casos. La mayor dificultad, ha lamentado “son los casos en los que hay problemas para la excarcelación porque la situación familiar o social del interno supone que no tiene acogimiento y no hay posibilidad de que sea una acogida institucional, ya que no existe una red de apoyo cuando esto puede darse y en ocasiones acontece”. “Que los últimos momentos de vida de una persona sucedan fuera de la prisión es una cuestión de dignidad personal mínima y cuando no es posible por la falta de sostén externo debería hacernos reflexionar, porque es una asignatura pendiente como sociedad en general”, ha concluido.
Por su parte, Jorge del Cura ha ofrecido la visión de las familias y los internos. Ha señalado que las muertes en prisión y sus circunstancias son “una de las reivindicaciones más antiguas y una de las principales preocupaciones de todos los colectivos de derechos humanos”. Si bien es cierto “muchas de las muertes que se denuncian no son merecedoras de un reproche penal o administrativo, porque a veces son inevitables, sí que significa que algo no ha funcionado bien por mucho que se intente hacer y muchos protocolos que se pongan en marcha”, ha añadido.
Además, ha llamado la atención sobre que los internos, aunque “muchas veces saben que ha ocurrido un fallecimiento, no saben cómo y esto agudiza más la preocupación y la sensación de inseguridad”. En cuanto a los familiares “tienen una situación igual o peor por la falta de información que reciben”. Esta sensación de dificultad a la hora de preguntar por las causas de fallecimiento de los presos “también se percibe por parte de los letrados”.
Del Cura también ha lamentado “la percepción de la opinión pública”, ya que en ciertos sectores de la sociedad se pide cada vez más pena y más cárcel y eso alimenta el desinterés por el sufrimiento y las muertes en prisión”. “Los casos que trascienden en los medios son casos con mucho morbo, donde nunca se hace un análisis y se banaliza el sufrimiento en prisión”, ha añadido.
Finalmente, Jorge del Cura ha lamentado la falta de información, ya que “aunque sí se publican estadísticas anualmente, esa información llega tarde, mal y es confusa y contradictoria. Según la fuente los datos no coinciden, por la forma de contabilizar los fallecimientos”.
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