El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD, por sus siglas en francés) ha enviado una comunicación a las autoridades nicaragüenses expresando su preocupación por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de inhabilitar a más de 25 profesionales de la abogacía que han defendido desde 2018 a presos políticos y a opositores al gobierno de Daniel Ortega.

El OIAD denuncia que en Nicaragua “existen actualmente diferentes patrones de violaciones de derechos humanos”, y lamenta que se hayan declarado como “apátridas” y “traidores a la patria” a 94 personas, entre las que se encuentran estos abogados, a los que el 11 de mayo retiraron su licencia para ejercer la profesión, así como su nacionalidad.

Por ello expresa su “preocupación por la falta de independencia judicial en las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua”. “En particular, preocupa la falta de motivación suficiente para arrebatar la condición de actor de la justicia basándose en una condición de apátrida, lo que apunta inevitablemente a intereses políticos a los que obedecen los magistrados de dicho órgano”, afirma la comunicación enviada al presidente Daniel Ortega.

Por ello insta al gobierno a que tome “todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al ejercicio de la abogacía en Nicaragua así como la seguridad y la integridad física y psicológica de los abogados y abogadas” mencionados.

También pide que “garanticen, bajo cualquier circunstancia, que la abogacía defensora de los derechos humanos en Nicaragua pueda seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones y con respeto a los Principios básicos de Naciones Unidas de Funcionamiento de la Abogacía, firmado en la Habana en 1990”.

Y en particular instan al Gobierno “a observar una debida diligencia y garantizar los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia y a respetar la  independencia del poder judicial”.

Los abogados inhabilitados son Yonarqui de los Ángeles Martínez García, Uriel de Jesús Pineda Quinteros, Sergio Ramírez Mercado, Rafael Enrique Solís Cerda, Mónica Augusta López Baltodano, Héctor Ernesto Mairena, Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga, Eliseo Fabio Núñez Morales, Manuel Jacinto Diaz Morales, Álvaro Leiva Sánchez, Vilma Núñez Ruiz de Escorcia, Marlon Sáenz, (El Chino Enoc), Noel Vidaurre, José Pallais, Edgar Parrales, Roberto Larios, José Talavera Arauz, Hugo Rodriguez Flores, Ana Margarita Vijil, Osman Aguilar García, Moisés Astorga, María Oviedo, Manuel Sobalvarro, Róger Reyes, Hader González y María José Camacho.

El comunicado también lo firman la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), el UIA-IROL (Instituto para el Estado de derecho de la Union Internacional de Abogados), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), las Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo-ICID, Lawyers For Lawyers y la Asociación Zehar-Errefuxiatuekin.