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  • Las prestaciones sociales, la formación y la transformación tecnológica son algunos de los aspectos más destacados de los presupuestos
  • La Junta de Gobierno, que ya manifestó su apoyo al decano emérito el pasado 12 de noviembre, confía en la Justicia y en que la causa se archive lo antes posible

La Junta General ha aprobado los presupuestos del Colegio de Abogados de Málaga para el año 2022, que han sido presentados por la tesorera, Aurora Ortega, y el decano, Salvador González, en el salón de actos de la sede del paseo de la Farola.

El incremento de las prestaciones sociales a compañeros que se encuentren en dificultades, la formación especializada y de calidad y la apuesta de la Junta de Gobierno por las Delegaciones son algunos de los aspectos más destacados de los presupuestos, así como la transformación tecnológica del Colegio, a la que se destinarán más de 600.000 euros en los próximos ejercicios.

Como segundo punto del orden del día, la Junta General ha aprobado expresar el apoyo inequívoco de los compañeros al decano emérito Francisco Javier Lara, tras el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga por el que se acordaba la continuación por los trámites de procedimiento abreviado de las diligencias previas incoadas por un presunto delito de desobediencia ocurrido el 6 de mayo de 2020.

La Junta de Gobierno, que ya manifestó su apoyo al decano emérito el pasado 12 de noviembre, ha reiterado el respaldo al decano emérito, ha recordado que ha puesto a su disposición una defensa letrada en la que participa la presidenta del CGAE y ha insistido en que confía en la Justicia y en un pronto archivo de la causa.

Además, la Junta General ha aprobado por unanimidad, a instancias de la Junta de Gobierno, la siguiente declaración institucional: “La Abogacía malagueña expresa su firme apoyo al Decano emérito D. Francisco Javier Lara Peláez, inmerso en un procedimiento por un presunto delito de desobediencia, en el que necesariamente debe tenerse en cuenta que su actuación en plena pandemia fue bienintencionada y en defensa de la salud de los abogados de oficio, atendida la precariedad de medios preventivos existentes en aquel momento. La Abogacía malagueña confía plenamente en la Justicia y en un pronto archivo de la causa”.




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