El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha clausurado la decimotercera edición del Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMÁLAGA junto al decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, y la Junta de Gobierno de la corporación, en un acto al que ha asistido el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo.
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía ha centrado su intervención en conceptos: la Constitución y el Estado de Derecho, y se ha preguntado si acaso se puede dudar de que España es hoy un Estado de Derecho de carácter democrático y social.
En este punto, Juan Cano Bueso ha enumerado las cuatro notas distintivas del Estado de Derecho. En primer lugar, el “imperio de la ley” como expresión de la voluntad general, con lo que gobiernan las leyes, no los hombres. La segunda exigencia es la existencia de un régimen de división o separación de poderes, de modo que la creación de las leyes corresponde al poder legislativo y su aplicación a los poderes ejecutivo y judicial.
En tercer lugar ha citado el principio de legalidad de la Administración, es decir, la exigencia de sometimiento de la Administración a la ley. Y, por último, el Estado de Derecho tiene que garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de la persona.
El decano, por su parte, ha agradecido a la abogacía malagueña y, especialmente, a los letrados que se han desplazado desde numerosos puntos del país el esfuerzo que han realizado para mejorar su formación y ampliar conocimientos en este Congreso, en el que han participado más de 1.600 profesionales.
El encuentro, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos ‘Adolfo Suárez’ de Marbella, está considerado como el encuentro más importante del sector en España y uno de los más destacados de Europa, por su formato de ponencias simultáneas, por los contenidos que se abordan y por la calidad de los ponentes.
En la jornada de este viernes se han tratado cuestiones como la Justicia penal y la corrupción, con especial incidencia de las últimas reformas sustantivas, por el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral; los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y delitos contra el honor, y sus manifestaciones en la violencia machista, por la fiscal Teresa Peremato; o la prueba electrónica en el proceso civil (Facebook, Whatsapp, e-mail, etc), a cargo del director general de Relaciones con la Administración de Justicia del propio Ministerio de Justicia, entre otros muchos.
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