El Colegio de Abogados de Málaga ha iniciado el proceso para que 1.850 letrados del turno de oficio puedan reclamar casi tres millones de euros al Gobierno andaluz (2.921.767 euros), después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarara nula la Orden de 17 de septiembre de 2012, por la que la Junta de Andalucía aplicó una reducción del 10% lineal en todos los módulos y bases de compensación económica por los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. Dicha sentencia tuvo lugar tras el recurso contencioso-administrativo presentado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
La corporación colegial malagueña ha facilitado a cada uno de los letrados afectados la liquidación que le corresponde, calculando la diferencia entre los importes satisfechos por los servicios de Turno de oficio durante el periodo en que estuvo vigente la Orden de 17 de septiembre de 2012, es decir, desde octubre de 2012 a diciembre de 2017, teniendo en cuenta que en este último año los módulos experimentaron una recuperación del 5%.
Además, el Colegio de Abogados de Málaga ha organizado una reclamación conjunta de responsabilidad patrimonial que se presentará ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía por los daños y perjuicios ocasionados.
El decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara, ha señalado que la nulidad de la Orden pone de manifiesto que la decisión del anterior Ejecutivo andaluz fue “injusta” y supuso “un jarro de agua fría” sobre unos profesionales ya de por sí muy mal pagados. En este sentido, ha aprovechado para exigir al nuevo Gobierno que revise los baremos de Justicia Gratuita.
El Servicio de Justicia Gratuita es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y de la propia Democracia, al asegurar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos o de su condición social. Por esto, el Colegio de Abogados de Málaga exige que se reconozca la labor de estos profesionales y se dignifique el servicio aumentando sus retribuciones hasta unos niveles “decentes” –actualmente los abogados de oficio cobran una media de menos de dos euros por hora– y eliminando las trabas burocráticas para los letrados.
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