• Convocados por la Sección de Arrendamientos-Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, expertos en la materia señalan la necesidad de clarificar conceptos jurídicos básicos y alcanzar el consenso que una norma de esta naturaleza requiere

La reciente aprobación por el Gobierno del Proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que ha sido remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, ha sido el objeto de debate en la Jornada organizada por la Sección de Arrendamientos-Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM.  Moderada por su presidente, Alberto Torres López, contó con la participación de Lorenzo Clemente Naranjo, abogado, socio de Garrigues; Fernando López Orozco, abogado y director de la asesoría jurídica del CAF de Madrid y José Antonio Seijas Quintana, magistrado jubilado del Tribunal Supremo.

Desde el principio se puso encima de la mesa la necesidad de abordar la cuestión desde un punto de vista estrictamente jurídico. Como empezó diciendo Alberto Torres al presentar la Jornada, “nos hallamos ante un asunto fuertemente ideologizado, de enorme relevancia social, que requiere desde luego una visión técnica y constructiva, dada la tramitación parlamentaria que se inicia y que debería permitir mejorar muchas de las cuestiones que actualmente recoge el Proyecto”. Durante el acto, se debatieron no solamente los aspectos más polémicos y mediáticos, como el establecimiento de las zonas de mercado residencial tensionado, recargo en el IBI de las viviendas vacías, suspensión de lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad, sino otros muchos que recoge el actual Proyecto.

Dudas competenciales

Lorenzo Clemente puso de manifiesto su complejidad, dado que se trata de una norma transversal que afecta al ámbito urbanístico, de política económica, colaboración interadministrativa, contratación civil, seguros y garantías, arrendamientos urbanos, procesal civil y contencioso administrativo con la acción pública que regula la norma. Entre otras muchas cuestiones, destacó las dudas competenciales que expone el Informe del CGPJ, dada la competencia exclusiva que tienen las Comunidades Autónomas en esta materia.

Asimismo, mencionó la problemática que puede suscitar la acción pública que incorpora, distinta a la que ya existe en materia urbanística o medioambiental, y se refirió a la regulación de los avales en materia de cantidades entregadas a cuenta que sigue sin solucionar cuestiones prácticas esenciales.

Dado que el problema es principalmente económico, Fernando López Orozco indicó que se requiere una reforma estructural más centrada en materia de suelo que en cuestiones, por ejemplo, de arrendamientos urbanos. Además, abordó la problemática del nuevo estatuto jurídico de la propiedad o de la forma de delimitar las zonas de mercado tensionado.

A su vez, José Antonio Seijas se detuvo en cuestiones como la problemática de la ocupación de viviendas o el Art. 17.3 que permite los incrementos de edificabilidad o densidad o la asignación de nuevos usos a una vivienda o a un edificio de viviendas, para acabar reclamando el necesario consenso entre las fuerzas políticas dentro del marco de la constitucional.

Todos coincidieron en la necesaria mejora que requiere el Proyecto de ley, en la necesidad de clarificar conceptos jurídicos básicos, dentro del necesario consenso que una norma de esta naturaleza requiere.