La Fundación Abogacía Española, junto con otras organizaciones, ha exigido al Gobierno de Honduras que investigue el asesinato de Berta Cáceres para identificar a los autores intelectuales y llevarlos ante la justicia. Cuando se cumplen dos años de la muerte de la líder ecologista y defensora de Derechos Humanos, varias organizaciones – entre ellas la Fundación Abogacía Española, han convocado diversos actos para reivindicar la figura de Berta Cáceres y exigir que se haga justicia, entre ellos una concentración ante la embajada de Honduras a las 13.30.

Asimismo, han dirigido esta carta al embajador de Honduras para exigir que se aclare el asesinato de Cáceres :

“Cuando se cumplen dos años del asesinato de la defensora lenca de derechos humanos Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, nos movilizamos en España para pedir que se haga justicia utilizando todos los medios disponibles a nivel nacional e internacional para realizar una investigación imparcial, exhaustiva y apropiada que tenga en cuenta de forma amplia las amenazas que recibió Berta Cáceres en relación con su trabajo como defensora de derechos humanos, así como progresar para que los autores intelectuales del asesinato sean identificados y llevados ante tribunales. Le adjuntamos 42.776 firmas hemos recogido para apoyar estas peticiones.

Según la información disponible hasta la fecha, apenas se ha avanzado en la investigación de Berta. Las audiencias judiciales públicas de los ocho sospechosos detenidos en relación con el caso se han aplazado en numerosas ocasiones, y los expertos independientes han revelado una falta de diligencia debida en las investigaciones, que incluye la ausencia de procesamiento de otras personas posiblemente involucradas en el crimen. Tampoco hay información sobre los progresos realizados por el Ministerio Público para identificar a los responsables de planificar su asesinato.

En Honduras, los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes defienden el medio ambiente y la tierra, corren peligro de sufrir abusos contra sus derechos humanos. Son blanco de campañas difamatorias orquestadas tanto por el Estado como por agentes no estatales para desacreditar su labor, y son habitualmente objetivo de intimidaciones, amenazas y ataques. Según las ONGs locales, el sistema de justicia sigue empleándose indebidamente para hostigar y hacer desistir a los defensores y defensoras de los derechos humanos. También se denuncia un uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas pacíficas. La gran mayoría de los ataques registrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos quedan impunes, como consecuencia de los múltiples obstáculos que afronta las investigaciones y los juicios.

Aunque el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia ha traído consigo algunos avances en la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, siguen siendo insuficientes los esfuerzos por garantizar la protección integral de estas personas

Por otro lado, y en relación al trabajo que realizan las personas que defienden el medio ambiente y la tierra, según información contrastada el gobierno de Honduras vulnera el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios, y persisten los conflictos a causa de la falta de seguridad de tenencia respecto a la tierra.

En este sentido, instamos a que el estado de Honduras, a través de Su Excelencia, el más alto funcionario en España, reconozca que la labor de la personas que defienden los derechos humanos es legítima y no puede ser objeto de ataques. Este reconocimiento puede tomar la forma de declaración pública por usted y sus funcionarios del más alto nivel y conocida trayectoria en el país, mediante visitas de estos funcionarios a las y los defensores que se encuentran en riesgo, o mediante la implementación de una campaña sobre el tema de defensores y defensoras de derechos humanos, tal como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kawas Fernández vs. Honduras.

Además, es necesario que se impulsen investigaciones imparciales, oportunas y exhaustivas, frente al asesinato de la defensora Berta Cáceres y a los hechos de hostigamiento, intimidación y agresiones a la integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos. Acabar con la impunidad es un paso esencial para su protección. El acceso a la justicia es un derecho humano que debe asegurarse y su garantía envía un mensaje contundente a los agresores, acerca de las consecuencias legales que implica atacar a quienes promueven derechos humanos.

En su condición de Embajador le solicitamos que transmita estas preocupaciones y peticiones al gobierno de su país.

Cordialmente,

Amigos de la Tierra

Amnistía Internacional

Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) Calala Fondo de Mujeres CEAR Euskadi

Comunidad hondureña en Madrid (CHM)

Ecologistas en Acción

Entrepueblos

Fundación de la Abogacía Español

Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID)

JASS

Mundubat

Global Witness

Greenpeace

Paz con Dignidad

Protection International

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