Esas son dos de las principales conclusiones de las X Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, que se han celebrado ayer y hoy en León, bajo el lema “Más protección para las víctimas”.
“El Supremo, a través de sus resoluciones, identifica nuevos conceptos relacionados con la violencia que ayudan a su erradicación”, dijeron las conclusiones, que recogieron también que “la necesidad de protección de las mujeres y de sus hijos se ha de entender como un objetivo único e inescindible”. En este sentido, si no se protege a los niños y niñas “no garantizamos un amparo efectivo a sus madres”.
Además, el documento final afirma que “el juzgar con perspectiva de género no pone en riesgo la presunción de inocencia”.
En las jornadas también se puso de relieve que “hay que ser muy rigurosos en la realización de la prueba preconstituida para evitar la revictimización de los menores y preservar sus derechos”, y se pide que “las madres víctimas de violencia vicaria sean reconocidas como víctimas de violencia de género”.
Sobre la libertad sexual se concluyó que “la nueva regulación de este delito no persigue castigar más, sino hacerlo de mejor forma, evitando en lo posible, los procesos de revictimización”.
Y también se trató la violencia de género en el ámbito digital. Respecto a ella, “se requiere de una investigación policial rápida, eficaz, completa y diferente a la que se realiza en los delitos que se cometen fuera de este entorno, si realmente buscamos evitar la impunidad de sus autores y una protección eficaz de las víctimas”, valora el texto.
Estas conclusiones fueron leídas por Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española y Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española.
CONSULTA LAS CONCLUSIONES COMPLETAS
De izda. a dcha.: Rosa María Gil, vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española y María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz.
Antes del acto de clausura se impartieron tres mesas redondas. En la primera de ellas, “Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual”, intervino María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz. Adelantó que es inminente la reforma de esta ley. “El valor del consentimiento es una de las cuestiones nucleares de la norma”, afirmó. Otros ejes de la reforma son la reordenación de los elementos típicos y los daños psicológicos en estos delitos. “Estos daños les salen gratis a los agresores en la generalidad de los casos”, advirtió.
De izda. a dcha.: Gema Rial, decana del Colegio de Abogados de Pontevedra y Ana Mª Ferrer, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La segunda ponencia “Juzgar con perspectiva de Género”, corrió a cargo de Ana Mª Ferrer, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien concluyó que juzgar así “es una necesidad que implica aplicar el principio de igualdad y que no afecta a la presunción de inocencia”. Esto conlleva generar las circunstancias que faciliten el acceso al procedimiento a las víctimas, que en definitiva acuden al mismo en busca de ayuda. “Por ejemplo, preconstituyendo la prueba cuando sea posible”, apuntó.
En la última mesa de las jornadas se debatió sobre “Violencia de Género en el ámbito digital”. Contó con la participación de Elvira Tejada, fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la Unidad Criminalidad Informática y Roberto Fernández, inspector jefe y jefe de Sección de Redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Ambos explicaron la forma de persecución de estos delitos.
De izda. a dcha.: Roberto Fernández, inspector jefe y jefe de Sección de Redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia; Montse Linares, vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española y Elvira Tejada, fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la Unidad Criminalidad Informática.
Para Tejada, la suplantación de identidad online y la colocación de elementos de geolocalización de la víctima son dos conductas sin tipificar “que imponen la necesidad de una reforma legislativa, porque son muy frecuentes”. Además, las herramientas tecnológicas permiten constantes conductas no siempre encardinables en delitos penales. “La tipificación del stalking es prueba del esfuerzo en la protección a víctimas”, agregó.
Fernández señaló que el anonimato no debe ser sinónimo de impunidad. Afirmó que la mayoría de los delitos investigados por la Unidad tienen relación con la violencia de género. “El desconocimiento técnico, el anonimato y la ausencia de temor a ser descubierto son elementos comunes en todos los casos”.
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