Las aportaciones realizadas por las instituciones que forman parte del Observatorio serán expuestas en la subcomisión parlamentaria creada en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para la aprobación de un Pacto de Estado contra la violencia de género.
Un representante de cada una de las instituciones que integran el Observatorio comparecerá, en su condición de experto, en los próximos días ante la subcomisión para el Pacto de Estado contra la violencia de género.
A la reunión de hoy, que ha presidido Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, han asistido el fiscal general del Estado, José Manuel Maza y representantes de los Ministerios de Justicia, de Interior y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la Consellería de Justícia de la Generalitat de Cataluña -en representación de los Gobiernos de las doce Comunidades Autónomas con las competencias transferidas en materia de Justicia- y de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de España.
El Observatorio propondrá que el Parlamento adopte las reformas legales necesarias para incluir tanto en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la preceptividad de la presencia del abogado de la víctima en toda declaración policial y judicial, al objeto de asesorarla, acompañarla e intervenir profesionalmente en su nombre.
De este modo, se pretende que las víctimas de violencia de género cuenten asistencia letrada desde el primer momento, incluso antes de interponer la denuncia.
El Observatorio entiende igualmente que la ampliación del concepto de violencia de género que se lleva a cabo en el Convenio de Estambul hace necesario que el legislador incluya las nuevas conductas consideradas como violencia sobre la mujer en dicho Convenio en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
También se expondrá a los parlamentarios la necesidad de impulsar la integración y coordinación de todos los sistemas informáticos, así como de potenciar las Unidades de Valoración Forense y las Unidades de Atención a la Víctima.
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